El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, afirmó hoy que la Junta de Castilla y León tiende la mano al Gobierno “para que vea” como ellos que muchos de los problemas que tienen las personas de esta Comunidad y en toda España se “tienen que resolver desde el punto de vista municipal” en servicios sociales y empleo y «tiene que atender» la demanda de las corporaciones locales de dotarles de “más recursos y más fondos”.
Fernández Carriedo, que visitó las instalaciones de la empresa Dibaq en la localidad segoviana de Fuentepelayo, aseguró que lo están reclamando los ayuntamientos y las diputaciones es “lógico y coherente” y requiere “el apoyo del Gobierno” con una mayor dotación económica, una vez que consiguieron, porque no se aprobó en el Congreso, que no se quedara con sus remanentes. El consejero, además, defendió que el Gobierno haga lo mismo que está haciendo la Junta que es “poner dinero a mayores” y de ahí “su apoyo inequívoco” a petición de las entidades locales.
Fernández Carriedo remarcó que la Junta, a través de su departamento y de la Consejería de Presidencia, ayuda a las corporaciones locales, al ser “la puerta de entrada” a los problemas de los ciudadanos, con ese Fondo COVID extraordinario en materia de empleo, inversiones y servicios sociales, dotado con un total de 92 millones de euros, siendo “la comunidad que más recursos puso en términos absolutos y porcentuales”. Además, apostó por que participen en los fondos de nueva generación de la Unión Europea, para que no sea una cosa solo del “Gobierno y la Junta con un papel activo en la gestión de esos fondos”.
En Fuentepelayo, Fernández Carriedo volvió a tender la mano a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que les reciba. “Nos reunamos y agilizar en la mejor manera posible el pago de los 182 millones de euros que otorga la sentencia a Castilla y León, que es clara e inequívoca y una gran victoria de nuestra Comunidad”, subrayó.
El consejero de Economía y Hacienda afirmó que “los impuestos que paga la gente de Castilla y León tiene que destinarse a los servicios de Castilla y León y no tiene que quedarse en manos del Gobierno”, de ahí que la sentencia del Supremo sea “una buena situación de partida pero con mano mano tendida desde el diálogo para que el Gobierno pueda agilizar los trámites y pagar cuanto antes”. Además, remarcó que están dispuestos, si fuera necesario a que haya una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.