“Lo que más profundiza en el diálogo social es alcanzar acuerdos que sean importantes para los ciudadanos, por lo que la voluntad de intentar alcanzarlos en el ámbito social, económico y laboral sigue vigente por parte de la Administración autonómica, pero hay que distinguir entre la necesidad de que los recursos se puedan concentrar donde son imprescindibles y la voluntad que tenemos de intentar llegar a acuerdos en el ámbito del diálogo social”.
Así lo señaló hoy en León el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, respecto al anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de la reducción de 20,3 millones de euros de las subvenciones a patronal y sindicatos.
El consejero de Economía y Hacienda puso de relieve que “hacer frente a algunos gastos sociales que son más importantes” tiene que ser “un objetivo de todas las administraciones públicas” y, de manera especial, “especialmente en una época de crisis como la que actual”, que requiere de “ir aquilatando en aquellos gastos que no comprometan el servicio directo de la prestación de los servicios públicos”.
Carlos Fernández Carriedo reclamó “la generosidad de todos los actores y participantes” para “entender que el mayor esfuerzo del gasto público tiene que ser dirigido a los servicios públicos sociales y la cohesión social y al ámbito del desarrollo económico”, que es donde aseguró que “hay que hacer el esfuerzo por no hacer recortes”.
El titular de Economía puntualizó que esta decisión “no debe entenderse” como “un riesgo o poner en entredicho la capacidad o la voluntad de alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social”, ya que afirmó que “que siguen siendo imprescindibles para Castilla y León”. De igual forma, insistió en la importancia de “establecer la diferencia entre la necesidad de aquilatar los recursos y concentrar fondos donde los ciudadanos los consideran más imprescindibles y el hecho de intentar llegar a acuerdos con los representantes legítimos de trabajadores y empresas”.
Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, eludió valorar los recortes de las subvenciones a la patronal y sindicatos, anunciado ayer por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que, entre otras medidas, recoge la reducción de casi un millón de euros para la integración laboral de los inmigrantes. “Ya se pronunciaron ayer y no tengo nada más que añadir”, sentenció.
Con motivo de su participación en los actos organizados por la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, Blanco recordó, según recogió la Agencia Ical, que su Consejería junto a la de Presidencia tiene competencias en una parte destinada a la atención de personas inmigrantes y refugiadas. “Vamos a seguir desarrollando las políticas para integrar a los ucranianos, a través del empleo”, añadió.
En la misma línea, la consejera de Educación, Rocío Lucas, no quiso pronunciarse sobre el recorte de esas subvenciones tras el acto de entrega del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. «Nada que comentar», se limitó a decir Lucas.
