La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró hoy que su departamento llega al ecuador de la legislatura con el 83 por ciento de los compromisos cumplidos, tras una inversión social “récord” de más de 2.000 millones de euros entre los años 2020 y 2021. En concreto, precisó que 77 de los 94 compromisos que se adquirieron al inicio del mandato.
Durante su intervención en la Comisión de Familia de las Cortes, a petición propia, para exponer un balance de legislatura, Blanco añadió que de los 18 compromisos de la Consejería recogidos en el Pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, quince de ellos ya se han ejecutado totalmente o se están ejecutando de forma continuada. Destacó el “importante” esfuerzo presupuestario al destinar 960 millones de euros en 2020 y 1.081 millones en las cuentas de 2021, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento respecto a 2018. “Se trata del mayor presupuesto de la historia de la Consejería y suponen más de 2.000 millones de euros durante este período”, sentenció.
En su exposición, que se prolongó durante dos horas y media, valoró la intensa actividad normativa, que ha dado lugar a la confección de nueve anteproyectos legislativos, cuatro decretos y numerosas órdenes. Entre otros, citó la modificación de la Ley de Servicios Sociales para el desarrollo de la Teleasistencia Avanzada; la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social; los anteproyectos de ley de Atención Residencial y de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género; el de Atención a las Personas con Discapacidad a lo largo de su vida; así como el de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que están actualmente en tramitación.
Asimismo, explicó que toda la acción ejecutiva de la Consejería que dirige ha girado en estos dos años en torno a tres ejes prioritarios como la modernización del sistema de Servicios Sociales y el impulso al modelo de atención a la Dependencia 5.0; el diseño de un futuro con oportunidades para las familias y los jóvenes; y la protección de los más vulnerables y el fomento de la igualdad de oportunidades.
La primera parte de su exposición fue para la atención a los castellanos y leoneses más vulnerables como las 106.280 personas con dependencia atendidas hasta hoy, lo que supone 2.708 más que al inicio de la legislatura. También se refirió a la ampliación de la red de infraestructuras y servicios financiados con fondos públicos. Así, cuenta con 53.987 plazas residenciales y de centros de día para personas mayores (441 más que al inicio de la legislatura), lo que supone una cobertura en plazas residenciales del 7,8 por ciento, la más elevada de todo el país; 17.574 plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad (804 más que hace dos años) lo que convierte a Castilla y León en la Comunidad con mejor ratio de plazas residenciales y centros de día u ocupacionales para personas con discapacidad; y 37.624 usuarios de teleasistencia, un seis por ciento más que hace dos años y con tendencia continua al alza; 37.322 usuarios de Ayuda a Domicilio (4.509 más que hace dos años) y 372.774 horas prestadas más que cuando comenzó la legislatura.
La Red de Protección ha dado cobijo a 384.000 personas, destacando los 114.464 ciudadanos atendidos en el periodo más crítico de la pandemia (año 2020) con el reparto de alimentos, lo que supone un incremento del 400 por ciento con respecto a 2018. Bajo su paraguas, se ha prestado apoyo a 9.067 menores el pasado año mientras que los itinerarios personalizados de empleo para colectivos vulnerables han llegado a 3.805 usuarios (660 más que en 2018), de los que un tercio han logrado un contrato.
Asimismo, en materia de prevención y lucha contra la violencia de género, el modelo Objetivo Violencia Cero ha ofrecido protección y apoyo a 5.186 personas el pasado año (el 86 por ciento más que el anterior); de ellas, 564 recibieron atención psicológica.
La consejera de Familia destacó el refuerzo de colaboración de la Junta con las entidades locales para la prestación de los Servicios Sociales, gracias al Acuerdo Marco de Servicios Sociales, dotado al inicio de la legislatura con 448 millones de euros para el periodo 2020-2023 e incrementado hasta en cuatro ocasiones desde entonces: en abril de 2019, con una primera adenda y 10,8 millones extra; en julio y noviembre de 2020, con dos partidas adicionales de 20 y 3 millones de euros, respectivamente, para atender, entre otras las necesidades urgentes derivadas de la pandemia; y finalmente en julio de este año, con una inyección de 67,4 millones. También valoró la “pieza esencial” que suponen las entidades del Tercer Sector Social y el Diálogo Social.
Durante su intervención, Blanco recordó que desde el inicio de la pandemia la prioridad de la Consejería ha sido luchar contra la pandemia con el objetivo de paliar sus efectos en cada uno de los 1.214 centros residenciales de atención a personas dependientes. Entre las medidas que se han llevado a cabo ha destacado: las restricciones en las visitas en las residencias de mayores (11 de marzo de 2020); los 42 protocolos en permanente actualización; los 26.800 seguimientos telefónicos y la intensificación de visitas de técnicos y profesionales para atender sus necesidades; el incremento en la contratación de personal en centros de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales (1.500 contratos de refuerzo se suscribieron en 2020 y 1.119 de sustitución) y las tareas de asesoramiento, constitución de bolsas de empleo y reducción de trámites para la contratación de personal que se llevaron a cabo en los centros residenciales privados.
Otro de los ejes que detalló la consejera fue la protección a las familias con la puesta en marcha este año del Plan Familias, una estrategia con un impacto económico de 76 millones anuales y 57 medidas para el fomento de la natalidad, la educación, el acceso a la vivienda y la conciliación.
En este último ámbito, la consejera destacó el incremento del 11 por ciento en el presupuesto dedicado a las políticas de conciliación, hasta los 29 millones de euros, con medidas que inciden en la corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado y la atención de menores o personas dependientes.
En este balance ha citado las mejoras introducidas en el programa Conciliamos, que se ha extendido ya a todos los municipios con independencia de su población, ha flexibilizado requisitos, ha ampliado servicios (como el de comedor o tardes) y se ha pilotado por primera vez en un centro con alta incidencia de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Este proyecto suma más de 27.000 participantes desde 2019.
En la misma línea, se ha ampliado hasta llegar a 271 el número de municipios con el programa Crecemos, que ofrece cobertura a menores de 0 a 3 años en pueblos con una baja demanda donde no existe ningún otro recurso de conciliación. El proyecto suma ya 3.804 plazas, 109 más que al inicio de la legislatura, y el reto es ampliar su implantación hasta los 300 núcleos rurales el próximo año y reducir las cuotas para que nadie pague más de 100 euros al mes.
Por último, se refirió al nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pero sobre todo en la inserción laboral femenina. En este sentido, citó el nuevo anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León.
Un texto que amplía el paraguas protector a las víctimas al reconocer nuevas formas de violencia de género –como la digital y tecnológica, la vicaria, la de segundo orden y la institucional– y articular servicios de atención especializada.
La futura ley, explicó, consolidará el trabajo realizado estos años en materia de prevención, atención y lucha contra la violencia de género, particularmente a través del modelo Objetivo Violencia Cero. Sólo en el último año, 5.186 personas han recibido atención a través de las medidas y programas incluidos en este proyecto, un 86 por ciento más que al inicio de la legislatura. De hecho, el pasado año se prestó ayuda a 564 mujeres en Castilla y León víctimas de violencia ‘de género’.