El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, subrayó hoy la «oportunidad» que debe suponer la crisis asociada a la pandemia del COVID-19 para el mundo rural al asegurar que es el momento de prestar en los pueblos servicios más eficientes y más cercanos para que sean de calidad, a través de las mancomunidades de interés general.
«Lo que no es sostenible acaba siendo ineficiente y de mala calidad. Hay mucha gente que considera la sostenibilidad como una amenaza y la asocia a recortes pero cuando un servicio no es sostenible acaba siendo de mala calidad», aseveró.
Tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, para abordar el anteproyecto de ley con el que se prevé modificar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, Igea defendió la necesidad de que los pueblos tengan los servicios que prestan los municipios y los propios de la Junta (sanidad y educación) más cerca y que exista más capacidad de decisión sobre el funcionamiento de los mismos, a través de las mancomunidades. Precisó que se está a la espera del informe definitivo del grupo de reforma de la Atención Primaria.
El consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior valoró la vuelta a los pueblos de muchas personas a sus pueblos de origen por la pandemia del coronavirus aunque alertó de que eso coincide con la crisis «importante» que se traduce, por ejemplo, en una caída de los ingresos. De ahí la «oportunidad» que debe suponer esta situación con la modificación de la Ley de Ordenación, de la mano de los alcaldes y las diputaciones.
Por último, Francisco Igea explicó que la ley no se va a hacer de «arriba a abajo» si no desde «abajo hacia arriba». El pasado mes de febrero, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior abrió a participación ciudadana el anteproyecto de ley para modificar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León.
Uno de los objetivos es modificar los espacios territoriales -sobre todo, los rurales-, que deberán reunir una serie de criterios, y que constituirían la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar la ordenación territorial en la que deberían converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León.
Al mismo tiempo, se plantea la constitución efectiva de las mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales, fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios y obras de interés local.
El presidente de la Diputación de Valladolid mostró su satisfacción por que el borrador del anteproyecto haya recogido las peticiones, reivindicaciones y sugerencias planteadas por los alcaldes de la provincia, además de «reconocer» la labor de las instituciones provinciales y las mancomunidades.
«Estamos de acuerdo con la nueva ordenación que plantea la Junta y optimizar los recursos gracias a los consorcios y las mancomunidades. Es un paso importante por que tenemos ser conscientes de la realidad que vive la provincia y hay que dotar al medio rural de las herramientas necesarias para que cuenten con los mejores servicios», sentenció Íscar.