La Junta de Castilla y León espera “con tranquilidad” la decisión del TSJ sobre las medidas de confinamiento de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo y afirma que la anulación judicial del cierre de Madrid impuesta con el Gobierno le corresponde valorar a éste.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, recordó que el TSJ siempre ha avalado las medidas restrictivas que ha impuesto la Junta en esta nueva normalidad y subrayó que la decisión del tribunal madrileño no afecta a la Comunidad.
En tal sentido, indicó que están “relativa ente tranquilos” y en la la “justicia es una garantía”, si bien, ante la decisión del TSJ de Madrid, recordó que la Junta siempre ha pedido un marco normativo unificado y nuevo porque el caso madrileño es “consecuencia de decisiones territoriales”, sometidas a las decisiones jurisdicionales de su ámbito.
Por ello, no entró a valorar la sentencia del TSJ de Madrid, que anula las medidas que impuso el Ministerio de Sanidad para frenar la expansión del virus, ni tampoco si se trata de “un jarro de agua fría” para el departamento del ministro Illa. “No estamos aquí para dar patadas en la espinilla al Gobierno”, anotó.
No obstante, manifestó que el Gobierno cambió el marco para que fueran los tribunales de justicia autonómicos, no los juzgados, los que decidieran o avalaran las medidas restrictivas de los gobiernos para evitar la propagación dela COVID, por ello indicó que es responsabilidad del Ejecutivo.
Igea reconoció que es “una posibilidad no descartable” el impacto de la anulación de las restricciones en Madrid en la llegada de vecinos de esta Comunidad limçitrofe a Castilla y León en el próximo puente de El Pilar, para lo que incidió en el llamamiento a los ciudadanos para evitar la movilidad.
“No tratamos a la gente de manera diferente por territorios de origen, sino por la incidencia en la zona”, concretó, en referencia a que lo que se recomienda para los ciudadanos de esta comunidad vale para el resto.