El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que tiene “más esperanzas que ayer” en que el Gobierno de España “cambie de actitud” y escuche la propuesta del Ejecutivo autonómico sobre las medidas de ahorro energético a desarrollar en el próximo plan de contingencia nacional.
Tras la celebración del Consejo de Gobierno de hoy, Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical, mostró su confianza en que, tras “convencer al Gobierno de España de que se pueden bajar impuestos” con la rebaja del IVA del gas del 21 al cinco por ciento, propuesta ayer por la Junta y anunciada hoy por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, ahora puedan también reconfigurar el plan del Gobierno de ahorro energético con medidas que apunten, como estipula la propuesta enviada por la Junta, “hacia el incentivo en vez de hacia la prohibición y la sanción”.
“Hoy pienso que en este asunto nos pueden hacer caso y que en el futuro se escuche más a las comunidades y los sectores afectados que hasta ahora”, planteó Carriedo, tras presentar una iniciativa en materia de energía enviada al Gobierno y que se basa en “la obligatoriedad para las administraciones públicas y la voluntariedad para el sector privado y las familias”.
La propuesta, como difundió posteriormente la Junta en un comunicado recogido por Ical, recoge en primer lugar cuatro principios basados, además de en la obligatoriedad para las administraciones y la voluntariedad para el sector privado, en la excepcionalidad de las medidas, el fomento de las mismas a través de incentivos en vez de mecanismos coercitivos y sancionadores, y la adopción de las mismas “previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados”.
Además, las medidas propuestas por la Junta se desarrollan a través de cuatro ejes y 18 medidas concretas. En primer lugar, se plantea un bloque de acciones para la sustitución de combustibles, reprogramando los fondos europeos para facilitar el autoconsumo e impulsando la instalación de empresas de generación de energía renovable, así como la apuesta por la biomasa, el uso de toda la capacidad de generación eléctrica y que se reconsidere el programa de cierre de centrales nucleares, siendo desde la Junta “partidarios de ampliar el periodo de vida útil” de las existentes “hasta que seamos capaces de que el cien por cien de la energía proceda de fuentes renovables”.
El segundo bloque de medidas incluye instrumentos basados en el mercado como sistemas de subastas o licitaciones nacionales que incentiven una reducción del consumo, refuerzo de las interconexiones eléctricas y gasistas o el fomento de contratos interrumpibles para el consumo de gas. El bloque de ahorro en calefacción y refrigeración propone el fomento de la rehabilitación energética más allá del 31 de diciembre de 2022 o el establecimiento de límites de temperatura “consensuados” y obligatorios para el sector público pero voluntarios para el privado y particulares.
Por último, se propone la adopción de medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía, así como dar una solución al sector de la cogeneración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado.
Para todo ello la Junta exige también “consenso” al Gobierno con el resto de comunidades y sectores afectados, desde el punto de vista de que Castilla y León es “una comunidad solidaria en el ámbito de la energía como líder en producción desde fuentes renovables”.
Recurso sobre el Decreto Ley
En su alocución ante los medios, Carriedo recordó que estas medidas enviadas al Gobierno se refieren al plan de contingencia adicional que el Ejecutivo nacional tiene previsto desarrollar “en el otoño” y para cuyas medidas está convocada una Conferencia Sectorial de Energía el 7 de septiembre, en la que las comunidades expondrán sus propuestas enviadas al Gobierno antes de hoy, pero que por el momento no corrige el Decreto Ley puesto en marcha en agosto con el que la Junta está “en contra por el fondo y la forma”.
En ese sentido, Carriedo apuntó que serán los servicios jurídicos de la Junta “los que determinen si hay base jurídica para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional”, dado que desde el Gobierno autonómico siguen pensando que las medidas ya tomadas “son perjudiciales”, por lo que Carriedo reiteró su petición al Gobierno de que “retire el Decreto Ley”.
Un Decreto Ley sobre cuyo cumplimiento de las medidas tiene capacidad de inspección la Junta, pero ante lo que Carriedo recordó que su prioridad “no es sancionar” porque el objetivo de las medidas “no debe ser la restricción o la limitación, sino la información, el estímulo y el apoyo”.
“No verán en nosotros una administración que deje de hacer sus controles ordinarios para concentrarse en el ámbito de la sanción hacia los comercios y la hostelería como consecuencia del cumplimiento de esa normativa”, continuó esgrimiendo el portavoz de la Junta, matizando que “eso no quita que sean sectores muy conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo para reducir el gasto y el consumo”.
Sin embargo, Carriedo volvió a reiterar que la idea de la Junta es “apoyarles con ayudas directas y apoyos financieros”, siempre desde “el incentivo y no desde la prohibición, la sanción o el castigo”, porque “esto de que las administraciones públicas digan a un particular o una empresa donde debe ahorrar cuando cada cual sabe, es una presunción del Gobierno de saber más de lo que sabe cada uno en su propio negocio”.
