La Junta de Castilla y León introdujo modificaciones presupuestarias por 1.913 millones de euros en 2020 en sus cuentas para hacer frente al estallido de la pandemia de la COVID. Así aparece reflejado en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2020, primer año de la pandemia de la COVID-19, que el Consejo de Cuentas entregó hoy en las Cortes de Castilla y León.
El documento, recogido por Ical, indica que el importe del presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 10.747 millones de euros, y se autorizaron modificaciones por importe de 1.913 millones, hasta unas cuentas definitivas de 12.661 millones.
El órgano fiscalizador explica que el motivo del elevado aumento se debe, sobre todo, a la distribución por parte del Estado de recursos adicionales para hacer frente a la crisis originada por la pandemia; y también, en menor medida, a los fondos procedentes de la actualización de los ingresos del sistema de financiación, que no estaban contemplados en los presupuestos debido a su situación de prórroga.
Por políticas de gasto, los créditos que más se elevaron a través de modificaciones fueron los correspondientes a Sanidad, que suponen un 73,7 por ciento del importe neto de las modificaciones, seguida de Educación, con un 10,7 por ciento, y Servicios Sociales y Promoción Social, con un 7,5 por ciento.
El presupuesto definitivo de gastos experimentó en 2020 un incremento del 13 por ciento (1.461 millones de euros) con respecto al ejercicio anterior. La mayor variación en términos cuantitativos se produjo en la Gerencia Regional de Salud, con un incremento de 1.063 millones (29 por ciento), seguida de la Administración General en 301 millones (cinco por ciento).
El Consejo de Cuentas recuerda que las reglas fiscales quedaron suspendidas para los ejercicios 2020 y 2021 ante la situación de emergencia extraordinaria provocada por la pandemia. El endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2020 fue de 12.932 millones de euros, un 3,6 por ciento superior al de 2019.
El órgano que dirige Mario Amilivia pone de relieve en su fiscalización que la Cuenta General de la Comunidad se presentó por primera vez formando una unidad (hasta ahora la integraban tres cuentas correspondientes a entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, empresas y fundaciones públicas) y de manera consolidada en todos los documentos que la componen, “en consonancia con la Cuenta General única del Estado y en línea con lo recomendado desde hace años por el Consejo de Cuentas”.
En opinión del Consejo, la Cuenta General de la Comunidad se presenta, con carácter general, “de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la misma, excepto por las limitaciones al alcance y los incumplimientos que pone de manifiesto el informe de fiscalización”.
Los resultados del trabajo, reflejados en 80 conclusiones, dan lugar a un total de 14 recomendaciones, cinco menos que las registradas en la Cuenta de 2019. Por una parte, desaparecen seis recomendaciones, consecuencia de los cambios normativos que se han producido y de determinadas mejoras en la gestión. Por otro lado, se incorpora una nueva, que plantea “mejorar el método de elaboración de los estados financieros consolidados para evitar errores en epígrafes”.
El informe expone que en 2020 la Cuenta General se rindió en plazo, atendiendo a la estructura e información establecidas normativamente. Sin embargo, existieron algunas carencias en la información suministrada y una serie de incidencias en las homogeneizaciones y eliminaciones por operaciones internas entre entidades, llevadas a efecto en el proceso de consolidación.
Cuenta 413
El Consejo de Cuentas destaca que 2020 fue el ejercicio con el menor importe de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, debido al crecimiento de los créditos. Al respecto, la cuenta 413 presentó un descenso del saldo total del 69,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior, siendo destacable la disminución producida en los gastos de personal.
Como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste positivo de 535 millones de euros, que sitúa la cifra total en un importe positivo de 323 millones de euros. En el balance consolidado, se hacen ajustes en el pasivo por importe de 145 millones de euros, manteniéndose el importe total rendido en 9.066 millones. En la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los ajustes suponen un aumento de 122 millones en el resultado, hasta alcanzar un ahorro de 286 millones.
En cuanto al seguimiento de las debilidades, cabe destacar que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. El Inventario General, únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General, del Instituto Tecnológico Agrario, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo.
