La oposición socialista y los socios de PP y Cs se acusaron hoy mutuamente, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, de incumplir las resoluciones aprobadas en el Parlamento de la Comunidad y en el Congreso de los Diputados en lo que calificaron de un “déficit democrático” y de no respetar la división de poderes. «¡Váyanse a casa y vengan aquí con la lección de parlamentarismo aprendida!», espetó Patricia Gómez (PSCyL).
Así, la moción socialista se desestimó, con el voto en contra de PP, Cs y Por Ávila, dado que la viceportavoz de este grupo, Patricia Gómez, no aceptó la enmienda de adicción formulada por el popular Pablo Trillo-Figueroa para que se cumplieran las 31 resoluciones de las Cortes destinadas al Gobierno, quien afirmó que cumplen el 92 por ciento de las mismas pero no las aprobadas con “el voto de una tránsfuga”, en referencia a la procuradora no adscrita, María Montero.
Gómez, Trillo-Figueroa y Javier Panizo (Cs) cruzaron reproches sobre los incumplimientos de lo que se aprueba en las Cortes por parte de la Junta y del Gobierno de lo acordado tanto en el Congreso de los Diputados como lo que llega de las Cortes. La primera les afeó que el PP haya dirigido 39 de 42 propuestas al Gobierno y Cs 16 de las 21 presentadas.
La socialista Patricia Gómez acusó a la Junta de un ataque a las instituciones y de deslealtad con los ciudadanos de Castilla y León, subrayó que el acatamiento a las obligaciones forma parte de sus obligaciones públicas y se refirió concretamente a los 165 millones que debía complementar el Ejecutivo autonómico de ayudas covid.
Gómez resumió los incumplimientos en la aplicación de las 35 horas, acordadas por el anterior Gobierno autonómico, en la campaña electoral y en una pregunta de Luis Tudanca en cuya respuesta Alfonso Fernández Mañueco se comprometió a implicarse personalmente.
“A Castilla y León no hay que defenderla de las políticas del Gobierno”, reseñó Gómez, que señaló los 1.400 millones de fondo covid o que la Comunidad sea la sexta en los presupuestos estatales. “A Castilla y León hay que defenderla de las políticas de la derecha”, zanjó.
En concreto, la moción insta a la Junta a realizar “un escrupuloso cumplimiento” de las obligaciones en el ejercicio de las funciones de control político por parte de las Cortes de Castilla y León, cumplir con las resoluciones de carácter no legislativo emanadas del Parlamento, los pactos y acuerdos suscritos con el diálogo social y tener la máxima consideración a los distintos ámbitos competenciales derivados de la configuración territorial e institucional del Estado.
“Es una moción necesaria, oportuna y pertinente”, calificó Pablo Fernández (Podemos), que pidió respeto a PP y Cs a las Cortes, donde reside la soberanía, en referencia a que “se pasan por el arco de triunfo lo que aquí se aprueba”. “Se que van a votar en contra”, apostilló, para advertir de que esta iniciativa no se presentaría si se cumpliera lo acordado.
Enturbiar y marketing
El procurador de Cs Javier Panizo argumentó que la moción no se parece en nada a la interpelación que emana de la misma, criticó “la incoherencia parlamentaria” y sostuvo que los mandatos de las Cortes se cumplen por la Junta, para mirar al Congreso y citar enmiendas que no se debaten o que el PSOE “utilice el voto de una tránsfuga” en las Cortes.
Se cumplen el 92 por ciento de las mociones y proposiciones no de ley, aseguró el procurador liberal, quien preguntó “qué pretende” el PSOE con esta iniciativa y defendió los trece acuerdos con el Consejo del Diálogo Social, “que se firman donde se tienen que firmar y por quien tiene que firmar”. “Enturbiar, calumniar y marketing”, resumió sobre la moción.
Por su parte, el popular Pablo Trillo-Figueroa calificó de “paradójico” la moción cuando Pedro Sánchez es el presidente que “menos comparece”, apeló a la división de poderes para decir que “se tuvo maniatado” al Congreso durante la pandemia y subrayó los 39 decretos-leyes como forma de legislar por el Gobierno.
Trillo-Figueroa manifestó que no se cumplen las propuestas aprobadas con el “voto del transfuguismo”, en referencia a la procuradora no adscrita María Montero, y planteó una enmienda de adicción para que se cumplan 31 resoluciones de carácter no legislativo aprobadas por las Cortes y dirigidas al Gobierno y la enmienda que obliga abonar un fondo covid de 9.362 millones.
Por último, Patricia Gómez, que afeó “el déficit democrático” de PP y Cs, rebatió que haya tranfuguismo en Castilla y León, miró a Murcia donde gobiernan los populares con el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, rechazó “lecciones” de ambos partidos al PSOE en materia de terrorismo y concluyó que Javier Maroto, senador por la Comunidad es “quien más a pactado con Bildu”.