El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valladolid ha rechazado las medidas sanitarias preventivas adoptadas por la Junta de Castilla y León para la contención del COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid), ya que considera que “no resulta viable jurídicamente su ratificación al ser notablemente desproporcionadas y estar insuficientemente justificadas”, debido a que “la orden adoptada no contiene en la exposición de motivos ni remite a informe epidemiológico o dato alguno que la sustente”.
De esta forma, frente a las medidas publicadas en el día de ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León mediante las que se tomaban medidas de confinamiento en la localidad vallisoletana, el juez señala que “no guardan la más mínima relación ni no tienen la más mínima justificación técnica”, ya que “un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman”, mientras que “nada de esto se ha hecho”.
Un informe, que tal y como expone el Jugado, “no hace un desglose de ámbitos de exposición e incidencia a diferencia de otros, ni hace mención a los ingresos hospitalarios acontecidos por los 24 casos registrado ni refiere un estudio sobre posibles muertes por COVID-19 ni menos aún por comparación a otros fallecimientos habidos en ese término municipal”.
Asimismo, la sentencia emitida por el Juzgado señala que “no se comparte, en absoluto, la afirmación de la administración demandada referida la proporcionalidad intrínseca de las medidas que se han adoptado con la finalidad para proteger el derecho a la vida e integridad física”.
Mientras, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos, el número 2 de Salamanca y el número 3 de Valladolid dictaron este jueves los autos con los que ratifican las medidas sanitarias preventivas para la contención del coronavirus COVID-19 dictadas por la Junta de Castilla y León para el municipio burgalés de Sotillo de la Ribera y su prórroga en las capitales salmantina y vallisoletana, respectivamente.
Así, en su auto, el titular de la sede judicial burgalesa confirma las actuaciones sanitarias previstas para Sotillo de la Ribera en su literalidad y para el plazo inicialmente previsto de catorce días que comenzó ayer y que, inicialmente, se extenderá hasta el próximo 29 de septiembre, informó la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
Por su parte, tanto el magistrado del juzgado salmantino como el responsable de la sala vallisoletana también revalidaron las prórrogas de siete días, solicitadas por la Autoridad sanitaria autonómica, de las medidas de contención de la pandemia por el SARS-CoV-2 en los municipios de Salamanca y de Valladolid, en vigor hasta el 22 de septiembre, por considerar que «no afectan de un modo contrario a su sentido constitucional al derecho de reunión previsto en el Artírculo 21 de la Constitución Española».
En su comunicado, la Junta de Castilla y León recuerda que el incumplimiento de estas medidas podrá constituir infracción administrativa sancionable, según establece el Decreto-Ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en Castilla y León, con multas que, dependiendo de la catalogación de la infracción, oscilan entre los cien y los 600.000 euros.
Es imprescindible el compromiso y la responsabilidad individuales para con el cumplimiento de estas medidas y de cualquier otra obligación destinada a evitar la transmisión comunitaria y prevenir la COVID-19, insistiendo en que todos y cada uno de los ciudadanos han de extremar la observancia de las medidas individuales (lavado frecuente de manos, distanciamiento físico interpersonal y uso obligatorio de mascarillas) y colectivas para frenar más contagios por SARS-CoV-2.
