El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tendrá que comparecer en el Congreso para explicar los fallos en el sistema de comunicaciones judiciales LexNet. Y no es para menos. La chapuza costará 60 millones de euros públicos.
El ministro tendrá que dar cuenta del fallo de seguridad ocurrido el pasado 27 de julio, sus consecuencias y las medidas que se van a implantar, entre la que ya está aprobada en Consejo de Ministros una partida de 61,2 millones de euros «para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia», a pesar e que LexNet tiene graves problemas y fallos de seguridad según expertos consultados por el diario El Confidencial.
LexNet es el sistema utilizado por abogados y procuradores, ha tenido una brecha de seguridad por la que permite a cualquier usuario acceder a todas las carpetas del resto de abogados e incluso, además de consultarlas, descargar notificaciones.
61,2 millones de euros en tres partidas
Los 61.2 millones de euros aprobados para arreglar el fallo de seguridad se dividirá en diferentes partidas. 36 millones se destinarán a un centro de proceso de datos. «El equipamiento se estructura en tres bloques diferentes como son la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de «backup», explican desde Moncloa.
Además, 19,1 millones a mejoras tecnológicas, de las que aseguran que serán en todas las plataformas digitales asociadas a Justicia, entre las cuales se incluye LexNet.
Por último, 6 millones de euros se destinarán a integrar a todas las Comunidades Autónomas. Cuando LexNet entró en funcionamiento, la siguientes comunidades autónomas no estaban preparadas para implementarlo: Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias.
La distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo, para lo que se ha contado con indicadores como la población de derecho de cada Comunidad, la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual, se acordaron en el Pleno de la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio, con un reparto según se indica en el siguiente cuadro:
«El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la necesaria integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. Actualmente existen nueve sistemas procesales diferentes y resulta muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia», argumentan desde el Gobierno, tras aprobar destinar más de 60 millones de euros públicos a un sistema que se introdujo mal desde un principio según los expertos.
