El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos al estimar que la UCO basó su denuncia en «sospechas sin sustento».
En su auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios, a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.
El Instituto Armado ponía el foco sobre COR Comunicación, sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).
Sobre el supuesto cohecho, dice el juez que «no existen indicios más allá de la sospecha» de que Rato tuviera la «exclusiva potestad» de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, «estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada» tanto en las compañías como en Consejo de Ministros.
Pone de ejemplo la elección al frente de Repsol de Alfonso Cortina, en la que también intervino el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, así como el nombramiento de Rodolfo Martín Villa para dirigir Endesa, que según un testigo habría sido designado desde la cartera de Industria.
