Los 65 directivos imputados de la antigua Caja Madrid en el juicio de las «tarjetas Black» se enfrentan a un total de 173 años y medio de cárcel por la supuesta apropiación indebida de 12,03 millones de euros, según la petición realizada por la Fiscalía, aunque las acusaciones particulares elevan las penas y rozan los 200 años de prisión. El tribunal que juzgará a los acusados está presidido por la magistrada Ángela Murillo, que contará con la asistencia de Teresa Palacios, que ejercerá de ponente, y de Carmen Paloma González.
Para este caso se ha instalado una macrosala en la sede de Alcalá de Henares ante la falta de espacio de la Audiencia Nacional en Madrid. Todos ellos se enfrentan a delitos de administración desleal y apropiación indebida.
El pasado 1 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas opacas, al reconocer indicios suficientes de administración desleal por parte de los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.
La acusación del caso de las «tarjetas Black»
Bankia-BFA y el FROB ejercen la acusación particular, en tanto que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), agrupación de asociaciones y sindicatos de las antiguas cajas que preside Gonzalo Postigo, a la que representa el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, la acusación popular, junto con la Confederación General de Trabajo.
Las penas que se solicitan para todos los procesados van desde el año hasta los seis años, dependiendo de la acusación y del directivo:
Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, tendría que enfrentarse a 6 años de prisión y una sanción económica de 108.000 euros. Esta petición es la que ha pedido Anticorrupción. No obstante, acusaciones particulares de Bankia y el FROB elevan la pena hasta los 6 años de cárcel, una pena que es elevada por el sindicato CIC hasta los 10 años.
Para Rodrigo Rato, ex presidente de Caja Madrid y Bankia, Anticorrupción pide un total de 4 años y medio de prisión. Una cantidad que difiere de los 10 años que piden Bankia y el FROB por administración desleal, la misma pena que solicita el sindicato CIC.
El ex director general de Auditoría, Medios y Financiero de la extinta Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, se le piden dos años de prisión por parte de la Fiscalía, la quinta parte de lo que pide el sindicato CIC, que eleva la pena hasta los 10 años.
UPyD fue el único partido que inició la denuncia en los tribunales ya que PSOE, IU, CC OO, UGT y empresarios tenían implicados dentro de esta supuesta trama.
Los imputados de IU en las «Black»
José Antonio Moral Santín, el ex consejero de IU en Caja Madrid, se enfrenta a cuatros años de cárcel, según la Fiscalía. No obstante, el sindicato CIC pide seis años de prisión.
Rubén Cruz Orive estaba en la comisión de control de Caja Madrid por IU. Para él se piden dos años y medio de prisión, pero la pena podría llegar a los seis años, como pide el sindicato CIC.
Los imputados de CC OO y UGT en las «Black»
El consejero de CC OO, Francisco Baquero, se enfrenta a otros cuatro años de cárcel, según Anticorrupción, una pena que se elevaría a los seis años para el sindicato CIC.
Gabriel Moreno Flores, representante de CC OO, se enfrenta a año y medio de prisión, pero el sindicato CIC espera que le encierren seis años.
Pedro Bedia, otro representante del sindicato de clase CC OO, se enfrenta a 4 años para el fiscal, dos menos de los que pide el sindicato CIC.
Rodolfo Benito, también de CC.OO, se le piden 4 años por parte de Anticorrupción, dos menos de los que pide el sindicato CIC.
El fiscal pide para Rafael Torres Posada, representante de UGT, dos años y medio de cárcel, una pena que se podría elevar a los seis años, como pide CIC.
José Ricardo Martínez, es secretario general de UGT en Madrid y fue propuesto por el PSOE. El fiscal pide 2 años, un tercio de lo que exige CIC.
Gonzalo Martín Pascual, representante de UGT en el Consejo, afronta 4 años de prisión, mientras que CIC exige dos años adicionales.
Los imputados consejeros propuestos por el PSOE
Ramón Espinar, consejero de Bankia y padre del diputado por Madrid de Podemos, Ramón Espinar, se le piden 4 años de prisión.
Antonio Romero, miembro del consejo de Caja Madrid se enfrenta a cuatro años de prisión. CIC pide para él seis años.
María Álvarez Gayol se enfrenta a penas de dos años de prisión, un tercio de lo que exite el sindicato.
José María de la Riva tiene que defenderse de una acusación de 4 años de prisión. CIC pide para él seis años.
José María Arteta tendrá que afrontar una petición de cuatro años, para la fiscalía, y seis para el CIC.
Ángel Eugenio Gómez, dos años y medio.
Santiago Sánchez se enfrenta a un año y medio de prisión. El CIC pide seis.
A Jorge Gómez Moreno se le piden cuatro años de cárcel.
Francisco Pérez, perteneciente a la Comisión de Control de Caja Madrid, se enfrenta a dos años y seis meses de prisión.
José Acosta Cubero, dos años y medio.
Los imputados consejeros propuestos por el PP
Ricardo Romero de Tejada, a cuatro cuatro años de cárcel.
Juan Iranzo, un año de cárcel.
Manuel Rodríguez González, año y medio.
Jorge Rabago, año y medio.
Beltrán Gutiérrez Moliner, dos años y medio.
Cándido Cerón Escudero, de la Comisión de Control de Caja Madrid, dos años y medio de cárcel.
Fernando Serrano Antón, de la Comisión de Control de Caja Madrid, dos años y medio.
Javier de Miguel Sánchez, de la Comisión de Control de Caja Madrid, dos años y medio.
Alberto Recarte, a 4 años de prisión.
Mercedes Rojo, a 4 años.
Antonio Cámara Eguinoa, dos años y medio.
Darío Fernández Yruegas, 4 años.
Jesús Pedroche, cuatro años.
Francisco Moure, cuatro años.
Empresarios
Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, a cuatro años.
Arturo Fernández, de CEIM, año y medio.
Francisco Javier López Madrid, propuesto por CEIM, año y medio
Ex altos cargos del Gobierno
Virgilio Zapatero, ex ministro del PSOE entre el 86 y el 93, se enfrenta a año y medio.
Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda, a cuatro años.
José Manuel Fernández Norniella, ex secretario de Estado de Hacienda y Turismo, tres años.
Rafael Spottorno, ex jefe de la Casa del Rey, dos años.
Resto de imputados
Ignacio de Navasqües, consejero y secretario general de Caja Madrid, a 4 años de prisión.
Luis Blanco Bosqued, de la Comisión de Control de Caja Madrid, dos años y medio.
Pablo Abejas, presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid, dos años y medio.
Antonio Rey de Viñas, dos años y medio.
María del Carmen Cafranga, presidenta de la Fundación Caja Madrid, dos años y medio.
Juan Gómez Castañeda, dos años y medio.
Miguel Ángel Abejón, dos años y medio.
Alejandro Couceiro Ojeda, dos años y medio.
José María Buenaventura, dos años y medio.
Matías Amat, dos años
Ricardo Morado, dos años.
Ramón Ferraz, dos años
Mariano Pérez Claver, dos años.
Enrique de la Torre, dos años.
Juan Manuel Astorqui, dos años.
Carlos María Martínez, dos años.
Carmen Contreras, dos años.
Carlos Vela García, dos años.
Ramón Martínez Vilches, dos años.
Luis Gabarda, un año.
Miguel Corsini, un año.
Los gastos de las «tarjetas Black»
Todos ellos están obligados a devolver el dinero gastado de las tarjetas Black y una multa que oscila entre los 47.000 y los 81.000 euros.
Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid destacan 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
En total 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- se beneficiaron de estas tarjetas, gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y «mano derecha» del expresidente de la entidad Miguel Blesa.
De los 15,25 millones gastados desde 1999 a 2012, 8,96 millones correspondieron a miembros del consejo de administración y la comisión de control, mientras que los 6,28 millones restantes eran de consejeros ejecutivos y directivos de Caja Madrid.
No obstante, el detalle de las operaciones corresponde al periodo 2003-2012, en el que los gastos sin justificar ascienden a 11,84 millones; al consejo y a la comisión de control se les atribuyen 11,84 millones y a los ejecutivos y directivos, 4,624 millones.
La auditoría interna de Bankia fue la que detectó la existencia de estas tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y lo comunicó en junio de 2014 a su principal accionista, el FROB.
De esta forma, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que existían estas tarjetas de crédito, de las que no existe soporte contractual ni consta decisión por parte de los órganos de gobierno, que suman en total gastos por 15,5 millones.
De esta cantidad, el grueso, 15,25 millones, fueron cargados exclusivamente a Caja Madrid, en tanto que 245.200 euros adicionales fueron facturados a Bankia en 2011 y 2012, antes de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de este último grupo.
La utilización de todas estas tarjetas, según los datos de los informes elaborados por Bankia, no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de sus titulares, como por ejemplo cargos elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo.
Además, tampoco consta en los informes elaborados por la auditoría interna de Bankia que los tenedores de estas tarjetas hayan declarado los gastos como sumas percibidas en sus declaraciones correspondientes de IRPF o Impuesto de Sociedades.
