El próximo 8 de noviembre tendrá lugar una nueva huelga política en Cataluña. La convoca el mismo sindicato de la huelga del 3-O y el motivo es la «regresión de derechos sociales». Según los convocantes, el Gobierno ha facilitado la salida de empresas de Cataluña con la aprobación de un decreto.
Este sindicato minoritario y apoyado por la CUP solicitó hacer la huelga entre el 6 y el 9 de noviembre, pero se ha decantado por el 8, miércoles. Ahora el llamamiento se escuda en la «regresión de derechos sociales», ya que la anterior convocatoria fue impugnada al esgrimirse motivos políticos, como las cargas policiales durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
No obstante, esta huelga se fija ahora justo un día después de que la juez Carmen Lamela haya decidido el ingreso en prisión del siete ex consejeros de la Generalitat por el riesgo de fuga por los delitos que se les imputa, como sedición, rebelión y malversación, que en su conjunto podrían sumar más de 30 años de cárcel. Entre los ex consejeros se encuentra Oriol Junqueras, presidente de ERC. Ahora, el ex consejero de Empresa Santi Vila ha evitado la prisión tras abonar una fianza de 50.000 euros. Los independentistas aún negocian cómo presentarse a las próximas elecciones y cobra mayor fuerza la candidatura unitaria.
Asimismo, el sindicato convocante ha afirmado que la huelga sirve como protesta contra el decreto del Gobierno que, en su opinión, ha facilitado la salida de empresas de Cataluña. No obstante, ese decreto no supone que las empresas tengan la obligación de marcharse de Cataluña, sino que deja únicamente al consejo de administración como único responsable en la decisión, sin tener que reunir a los accionistas en junta. La salida de empresas se debe a la inseguridad jurídica generada por el ex gobierno autonómico independentista, que es de hecho el argumento utilizado por las entidades privadas. En total han salido de Cataluña cerca de 2.000 empresas en solo cuatro semanas, el mayor éxodo empresarial en la historia de un país Occidental, superando ya las cifras de Quebec.
La huelga de este 8 de noviembre tiene notables diferencias con las del 3-O. Hace justo un mes la Generalitat aseguró a los funcionarios que tendría un día de permiso retribuido, aunque el Gobierno les aseguró que restaría un día en la nómina, como en cualquier huelga. Puigdemont, antes de ser cesado y huir a Bélgica, decretó que los funcionarios tenían que recuperar ese día si no querían perder el dinero.
Ahora, UGT y CC OO afirman que la aplicación del 155 de la Constitución impide realizar una huelga similar a la del 3-O, por lo que debatirán si la suscriben esta misma tarde.
