El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde al mecanismo de control de los pagos de Cataluña para evitar que haya partidas destinadas al referéndum ilegal del 1-O.
De esta forma, la Generalitat solo dispondrá del gasto destinado a garantizar los servicios públicos, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. De esta forma, no se destinará ni un euro a financiar «una actividad ilegal».
Por otro lado, el Gobierno da 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.
Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales. Montoro ha anunciado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar esta medida
«No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal«, ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.
Ese acuerdo de no disponibilidad presupuestaria significa que si la Generalitat no garantiza que no va a destinar ninguna cantidad a servicios que no son fundamentales -como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- será el propio ministro de Hacienda quien lo haga y el Estado asumirá el pago de todas esas partidas.
«Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar. E intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando», ha señalado. Montoro ha explicado que el Estado pasaría a pagar «directamente buena parte de las nominas» y que esta medida «de un control de pagos» se prolongará «durante el tiempo que dure» la «situación de excepcionalidad» que han provocado los dirigentes de la Generalitat y «se sigan negando a cumplir la ley».
«Establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado«, ha dicho el ministro de Hacienda, ante la «incertidumbre» que están generando las decisiones políticas de la Generalitat sobre el referéndum. Ha recalcado que está «en juego» el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.
Puigdemont no está ya legitimado para pedir diálogo
Por otro lado, el Gobierno ha rechazado el último intento de Puigdemont para abrir la vía del diálogo. Para el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, la carta enviada al Rey es puro «sarcasmo» y una «añagaza», ya que reclama negociar un referéndum tras anunciarlo unilateralemente y sin consenso alguno.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha asegurado no conocer el contenido exacto de la carta que Puigdemont, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado a Felipe VI. No obstante, Méndez de Vigo ha rechazado que Puigdemont pueda ofrecer ahora diálogo «a estas alturas de curso» y cuando lleva meses en una «desobediencia palmaria y continuada».
Ha recordado que Puigdemont podía haber acudido al Congreso para explicar sus planes pero esquivó esa cita en la sede de la soberanía nacional.
«Lo único que le ha interesado negociar es el referéndum, sí o sí», ha criticado el portavoz del Gobierno, que ha destacado que el Ejecutivo no puede negociar algo sobre lo que no es competente, como es la soberanía nacional.
El Gobierno -ha añadido- mantiene no obstante su oferta de diálogo permanente, pero siempre en el marco de la ley como también defienden otros partidos, la comunidad internacional o las asociaciones de jueces.
«Realmente es un sarcasmo venir a contar que quienes se han negado al diálogo ahora vengan a decir que quieren diálogo», ha insistido.
Preguntado por qué el Gobierno no impidió el acto de apertura de la campaña por el referéndum del 1 de octubre celebrado ayer en Tarragona con presencia de Puigdemont, Méndez de Vigo ha dejado claro que el Ejecutivo no puede prohibir ningún acto, ya que ello corresponde a las autoridades judiciales.
