Los ministros de Empleo y Fomento, Fátima Báñez e Íñigo de la Serna, son los únicos miembros del Gobierno que han acudido al Congreso en la derrota histórica de la convalidación del Decreto Ley de la liberalización de la estiba.
Durante el debate no se ha visto a ningún otro miembro del Gobierno, ni al ministro de Interior, ni al de Economía ni al de Cultura ni tampoco al de Energía. La ausencia se ha repetido con Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La oposición ha criticado duramente las formas del Gobierno para llevar el decreto ley al Congreso. No ha habido consenso ni diálogo, al tiempo que ha asegurado que la subrogación es el punto clave de esta negociación, mientras el Gobierno afirma que se mantendrá el 100% del empleo.
Y es que, las empresas no tendrían por qué mantener a los actuales trabajadores, al tiempo que tendrían en su mano la bajada de salarios, mientras que Báñez prometió unas prejubilaciones a los mayores de 55 años, pero siempre y cuando tengan 35 años trabajados en la estiba. A cambio recibirán 66 meses de adelanto hasta la edad de jubilación.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avisado de que la no convalidación del Real Decreto Ley de la reforma de la estiba, que se vota este jueves, supondrá una segunda multa de la Unión Europea, «que está a punto de caer» y ha subrayado que será la primera vez que España incumpla el Tratado de la UE.
Durante el debate de convalidación del Real Decreto Ley de reforma de la Estiba en el pleno del Congreso, De la Serna ha señalado que el Gobierno «ha hecho su parte y lo que tenía que hacer» y que tienen «la conciencia tranquila», también para poder acercar un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de la estiba.
Ha argumentado que el Real Decreto Ley no ha sido una decisión política libre de cualquier condicionamiento sino que el Ejecutivo estaba obligado por una sentencia europea y la Cámara también «está obligada a la modificación legal» de la norma.
«Es mucho dinero para los españoles y lo vamos a pagar el conjunto de los españoles», ha reiterado sobre la multa que caerá a falta de esta modificación legal, por lo que «hay razones de urgencia y no es una urgencia voluntaria del Gobierno«. «El Real Decreto Ley es muy sencillito y no va más allá del estricto cumplimento de la sentencia», ha dicho.
En este sentido, ha empezado su intervención resumiendo que «en este país un empresario debe poder contratar libremente a sus trabajadores, y que en situación de desempleo, sea hombre o mujer y esté donde esté, tenga la oportunidad laboral para poder acceder si tiene la cualificación adecuada».
De la Serna ha subrayado que España acumula ya una deuda cercana a los 23 millones de euros, «que todavía estamos en disposición de poder salvar si se convalida», y ha destacado que la sanción coercitiva diaria de 134.000 euros podría paralizarse. «La no convalidación será responsable de que sea el primer incumplimiento de España al Tratado europeo», ha incidido al tiempo que ha subrayado que ha habido tiempo suficiente entre las partes para poder haber garantizado un acuerdo.
Ha recordado que la propuesta del Gobierno para garantizar el mantenimiento del 100 % del empleo y ha dicho que el Ejecutivo ha hecho «un esfuerzo importantísimo».
Podemos recuerda la relación entre PwC y el Gobierno
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha tachado de «salvaje» el real decreto ley de reforma de la estiba, que puede hacer estallar un sector estratégico para España, y ha exigido su desactivación. Asimismo, ha recordado la «trama» empresarial en la liberalización de la estiba, donde PriceWaterHouseCoopers, PwC, ha tenido un papel relevante.
Alonso ha recordado la relación entre PwC y Luis de Guindos, quien trabajó en la compañía estadounidense, así como los intereses de inversores internacionales en el puerto.
Entre los aplausos de varios estibadores sentados en la tribuna del Congreso, el diputado Félix Alonso ha señalado que a su grupo le preocupa la irresponsabilidad y la manera de entender el mundo laboral del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que defendió minutos antes el decreto ley sobre la reforma del régimen laboral de los estibadores. Alonso ha criticado la forma en la que el Gobierno ha intentado estos días lograr apoyos al decreto «cambiando cromos» con algunas formaciones políticas y «dejándose caer» ayer a última hora en una reunión técnica entre los asesores jurídicos de los estibadores y la patronal, a sabiendas de que, sin la presencia de los representantes sindicales y empresariales, no se iba a lograr nada.
El portavoz ha considerado la presencia de De la Serna en la reunión de ayer un «paripé» de cara a intentar buscar el apoyo de Ciudadanos, que se abstendrá, que pedían la participación del Gobierno en el diálogo entre sindicatos y patronal, y ha instado a que se siente a negociar de verdad.
El diputado ha criticado que el decreto «pone una palmada en la cara» de los estibadores, los sindicatos y los grupos parlamentarios y ha avanzado que su formación va a exigir las responsabilidades políticas por cómo ha llevado a cabo el Gobierno este asunto, del que depende la vida de muchos trabajadores.
Según Alonso, la actuación del Ejecutivo «representa lo peor de la vieja política» y su grupo no entiende como en un país con un 20 % de paro, «se va más allá» de una sentencia europea, abriendo puertas a nuevos despidos y más precariedad laboral.
El PNV y el PP apoyarán el Real Decreto Ley de reforma de la estiba. Los nacionalistas vascos califican de «alto contenido social» porque garantiza la competitividad de los puertos y los derechos sociales de los estibadores. El diputado del grupo parlamentario del PNV Íñigo Barandiarán ha señalado, durante el debate de convalidación del Real Decreto Ley que hoy se votará, que la propuesta del Gobierno sobre mantenimiento de empleo y prejubilaciones, así como sobre la gestión de los puertos, es «positiva».
«Dudamos que ningún acuerdo futuro pueda superar la oferta actual del Gobierno», ha subrayado. Barandiarán ha aludido a la responsabilidad de su formación por votar a favor de esta convalidación para cumplir con la sentencia obligatoria de la UE y evitar una nueva multa y ha aseverado que «no es hora de ocultarse ante un problema real y urgente».
«Porque no estamos dispuestos a ser responsables de una multa de 4 millones de euros al mes por dilatar una situación que tendrá un acuerdo muy parecido en un futuro, y lo contrario es engañarse», ha añadido. No obstante, Barandiarán ha criticado que el debate de la estiba haya estado «plagado de falacias» porque nadie ha actuado con diligencia, ni ha propuesto soluciones a un problema que no es nuevo y que ya se advertía.
El Gobierno miente cuando dice que se garantiza el 100% del empleo en la estiba
ERC y la mayoría de los partidos del Grupo Mixto han criticado que de la Serna no haya impulsado el consenso en el Real Decreto Ley de reforma de la estiba y de faltar a la verdad al asegurar el 100% del mantenimiento del empleo.
Jordi Salvador, en nombre de ERC, que votará en contra de la reforma de la estiba, ha argumentado durante el debate de convalidación del decreto que «guarda poca relación» con el fallo del tribunal de Justicia europeo y supone una «devaluación» salarial y de las condiciones de trabajo de la estiba.
Quienes justifican el decreto, ha recalcado, «dicen que los estibadores ganan mucho, pero ¿con relación a quién? ¿al monarca, a los grandes directivos de la banca?», se ha preguntado Salvador, quien cree que con esta reforma ganan las grandes multinacionales del transporte marítimo y «pierden» los trabajadores.
El portavoz de Economía del PDeCAT, Ferrán Bel, ha dicho al ministro que las reformas estructurales no se hacen de forma unilateral y ha abogado por tramitar el decreto como proyecto de ley. «La responsabilidad es del Gobierno y ni los grupos, ni las empresas ni los sindicatos son los culpables», ha dicho Bel.
Desde Compromís, el portavoz Joan Baldoví ha insistido en que la multa de la CE se impuso hace más de dos años y el Gobierno del PP pudo haber impedido que se incrementara y ha lamentado que el ministro no «haya tenido más cintura» para iniciar la negociación tripartita antes y ha incidido en que el real decreto no garantiza la subrogación de los trabajadores. «Aquí hay un culpable, el PP y el Gobierno. No nuestra», ha subrayado.
La portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha aseverado que «el Gobierno falta a la verdad» y ha recriminado al ministro que traiga una propuesta que no supone una subrogación de los trabajadores y un real decreto «sin mayoría y sin consenso».
Oramas ha pedido que el real decreto se tramite como proyecto de ley, mientras el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha argumentado su voto en contra al asegurar que el ministro ha infravalorado a los estibadores que son «ejemplo de trabajo digno con salarios dignos» y ha criticado que piense que la competitividad es precarizar el empleo.
