La reunión mantenida por Mauricio Casals, presiente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, con el ex presidente de la Comunidad de Madrid y ahora en prisión, Ignacio González, junto con el consejero de Atresmedia, Edmundo Rodríguez Sobrino, fue de vital importancia.
Casals, González y Rodríguez Sobrino mantuvieron su reunión en uno de los salones de la habitación de El Palace donde Casals se hospedaba. Casals fue imputado por el caso Lezo debido a presuntas coacciones sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero el juez Eloy Valasco archivó la causa, donde también fue imputado el director de La Razón, Francisco Marhuenda, con idéntico archivo por parte del magistrado.
La reunión no se celebró en ningún espacio público del lujoso hotel, sino que se encerraron los tres en la habitación de Casals, donde tenían más privacidad. La Guardia Civil no pudo realizar una grabación de calidad suficiente para indagar en las pesquisas. El encuentro se produjo justo un día antes de las detenciones y de estallar el caso Lezo, según publica ABC.
Para la investigación, este encuentro fue de vital importancia, más cuando González anuló una visita al oftalmólogo previa a una operación quirúrgica por problemas de visión. El motivo de esta reunión se inicia a mediados de marzo, cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, había tomado recientemente posesión del cargo y la fiscalía debatía si debía pedir una nueva prórroga a las escuchas de los ahora investigados, o bien dar por cerrado el tema de escuchas al considerar suficientes las pruebas para poder imputar delitos por la corrupción en el Canal Isabel II.
Moix consideró que ya no se podría prorrogar más las escuchas, en contra del criterio de los dos fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, quienes han tenido el respaldo del resto de fiscales Anticorrupción para mantenerse en el caso. Según la Guardia Civil, las pruebas hasta ahora encontradas podían derivar en más posibilidades, por lo que consideraron que prorrogar las escuchas era lo adecuado, pero también porque la fecha de las detenciones estaba ya fijada, el 19 de abril, por lo que la mejor forma de controlarlos era mantener los pinchazos telefónicos, pese a que algunos de los imputados ya sabían que les estaban grabando.
Moix solo aceptó prorrogar las escuchas hasta una semana antes de estallar el caso, sin conocer el paradero de los imputados durante una semana. No obstante, el juez concedió no un mes como pedía Moix, sino un mes y medio, motivo por el que pudo grabarles hasta un día antes de la detención.
Los investigados dejaron de dar pistas sobre el caso Lezo durante el tiempo de la prórroga que pedía Moix, un mes. Durante ese período, ninguno ofreció pistas por teléfono sobre el caso Lezo, pero justo al concluir los 30 días, las conversaciones telefónicas comenzaron a sucederse. La investigación apunta a que pudo realizarse un chivatazo desde dentro sobre la situación judicial del caso. El 14 de abril, cuando ya había pasado el mes, los teléfonos de Rodríguez Sobrino y González arrojaban más luz. De hecho, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la reunión en El Palace justo a partir del 14 de abril. Debido al lugar de la reunión, la Guardia Civil no pudo colocar los micrófonos en sitios idóneos de la habitación. La calidad de los audios es pésima.
Por otro lado, Adrián Martín López, ex director general del Canal y en libertad bajo fianza, trató de destruir 16 documentos relacionados con Inassa, la filial de Iberoamérica. Innasa es el inicio de la internacionalización del Canal Isabel II, llevada a cabo en la época de Alberto Ruíz-Gallardón al frente de la Comunidad. Como en casi todas las compras, se pagó un precio muy superior al valor real. De hecho, los pagos superan en 10 veces el precio real.
Según La Ser, dos de los trabajadores comunicaron este intento de destrucción de pruebas. Según la denuncia, se les ordenó borrar y eliminar «una serie de documentos que el entonces director general entregó, a finales de abril de 2016, al primer trabajador dependiente de él, con la indicación de que fueran destruidos» y la segunda denuncia es la eliminación del registro de las reuniones que tuvo él como director general entre 2012 y 2016. Una de las llamadas a los trabajadores se realizaron a través de la esposa de Martín López.
