La Fiscalía General del Estado ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra todos los exmiembros del Ejecutivo catalán y otra ante el Tribunal Supremo contra los miembros de la Mesa del Parlament.
La Fiscalía se ha querellado contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por un delito de rebelión, sedición y malversación y otros delitos en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa aforados que tramitaron la declaración unilateral e ilegal de independencia.
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El Fiscal General del Estado no pide medidas cautelares por ahora, ya que se reserva hacerlo cuando se les cite «en atención a la gravedad de los hechos imputados».
El fiscal general Maza ha afirmado en una comparecencia sin preguntas por parte de los periodistas que los querellados actuaron «con total desprecio a la Constitución».
La querella presentada ante la Audiencia Nacional va contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí i Obiols, Joaquim Forn, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret.
La querella del Tribunal Supremo, contra Carme Forcadel, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet i Pujals.
Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos «la culminación del proceso independentista» facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.
El fiscal general ha recalcado que «a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas».
Fianzas de seis millones de euros en querellas por rebelión
La Fiscalía solicita sendas fianzas de seis millones de euros en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern ante la Audiencia Nacional como en la presentada ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.
En ambas querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, el Ministerio Fiscal interesa que se les cite a todos con «carácter urgente» para declarar ante la Justicia y que «se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados».
De este modo, la Fiscalía pide que se incluya «la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros».
Hasta 30 años de cárcel
El Código Penal prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, «induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión» y para «los jefes principales de ésta».
Quienes ejerzan «un mando subalterno» pueden ser castigados con condenas de prisión de diez a quince años, y los meros participantes se enfrentan a posibles castigos de cárcel de cinco a diez años.
La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea para aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.
