El juez del caso del «procès» en el Supremo, Pablo Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique «a la mayor brevedad posible» por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En una providencia, el magistrado explica su decisión en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó «su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017«.
Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, como por ejemplo el referéndum ilegal que tuvo lugar el 1-O.
Los independentistas se han acogido antes a las declaraciones de Montoro que a la investigación de la judicial para exigir la liberalización de los políticos procesados por rebelión y malversación de caudales públicos.
VOX: Montoro debe dimitir si se demuestra la malversación
El ministro de Hacienda ha reiterado que ni un euro público se destinó al referéndum ilegal del 1-O, pero no ha presentado ni una sola prueba al respecto. Ante estas afirmaciones, aplaudidas por Oriol Junqueras, líder de ERC, VOX ha exigido la dimisión de Montoro en caso de que sí se demuestre que hubo malversación de caudales públicos para sufragar los gastos del referéndum ilegal.
La acusación particular de este caso, liderada por los abogados de VOX, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, han señalado que varios de los acusados se habían acogido a las declaraciones de Montoro para argumentar su defensa contra el procesamiento de malversación.
Smith ha indicado que si Montoro dio «argumentos falsos» a los independentistas debe dimitir, al tiempo que también es motivo para dejar el cargo la «falta de control de fondos públicos».
