Luis de Guindos se libra por ahora de declarar por la estafa de las cuotas participativas de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
La Audiencia Nacional levantó por segunda vez el archivo del caso por las cuotas participativas de la CAM el pasado mes de octubre de 2016 tras el primer sobreseimiento de la instructora Carmen Lamela en julio de 2016. Desde entonces, está atascado en el juzgado central de Instrucción número 3. Este es un caso que afecta directamente al ministro de Economía Luis de Guindos y, curiosamente, no avanza judicialmente.
La Audiencia Nacional, en un auto de los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio ordenó en octubre abrir a la jueza Lamela por segunda vez el caso por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que afectaron a unos 55.000 ahorradores.
La CAM logro con este producto, aunque diferente, pero tan complejo y peligroso como las participaciones preferentes, 292 millones de euros, la mayoría de ellos de inversores minorsitas, es decir, ajenos al mundo financiero y a sus complejidades. Clave en su comercialización fue Luis de Guindos, actual ministro de Economía, cuando era responsable de Lehman Brothers para España y Portugal.
Luis de Guindos, en persona, siendo presidente de Lehman Brothers, fue el encargado en julio de 2008 de presentar ante inversores las cuotas participaticas de la CAM
De Guindos fue el encargado de presentar en Alicante las cuotas participativas de la CAM, cuyo valor actual es de cero euros, y ahora, por segunda vez, la Audiencia Nacional reabre el caso y ordena a la juez Lamela investigar si se debe resarcir a los 50.000 inversores que suscribieron cuotas participativas de la CAM. Lehman Brothers en España, con de Guindos en lo más alto de la cúpula, fue colocador y vendedor de estos títulos. Lo hizo en julio de 2008, sólo dos meses antes de la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese mismo año.
En total, colocó 50 millones de títulos a un precio de 5,84 euros, es decir, 292 millones de euros. El colocador de esta emisión fue Lehman Brothers. La gran mayoría se vendió entre inversores particulares, más de 50.000, que como mínimo compraron 3.000 euros. Entre los cualificados están el mayor fondo de inversión del mundo, el fondo noruego de pensiones, BNP Paribas y Societe Generale, entre otros.
En el folleto de la emisión para estas cuotas participativas se publicḉo la ‘Fairness Opinion’ -la valoración- que dio Lehman Brothers a este producto, que por supuesto, era muy positiva. El ahora titular de Economía fue el encargado en persona de presentar estas cuotas a los inversores en un encuentro en Alicante. El fin último de esta colocación era obtener financiación sin tener que cambiar los estatutos de las cajas de ahorro, por lo que no se perdía el peso político en la entidad. La CAM comunicó años después que las cuotas participativas tenían un valor cero y dejaron de cotizar en la Bolsa. Sus proppietarios perdieron toda la inversión.
Tras el rescate, el Banco Sabadell, quien adquirió la CAM, aseguró que estas cuotas participativas nunca estuvieron en el perímetro de la entidad presidida por Josep Oliú, de hecho, la titularidad era de la Fundación de la CAM, quien no tenía liquidez suficiente para poder hacer frente al pago a los cuopartícipes. El Gobierno en el que Luis de Guindos es el ministro de Economía se ha desentendido totalmente de este letigio, tanto en esta como en la otra legislatura, ya que, según el propio Ejecutivo, no posee ningún tipo de participación en la entidad, pese a que fue el propio ministro quien ensalzaba estos productos tóxicos que se han convertido en una pesadilla para los tenedores.
De Guindos no escapa
La cara de felicidad y satisfacción que se le puso a Luis de Guindos cuando en junio de 2016 la juez Lamela archivó el caso se le cambió a preocupación cuando la Audiencia Nacional ha vuelto a ordenar a la misma instructora abrir el caso por segunda vez. En un auto fechado en octubre de 2016, el tribunal, compuesto por los magistarados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, considera «imprescindible» la práctica de nuevas pruebas, como la declaración de afectados y comerciales de la entidad para aclarar los pormenores de la información ofrecida al cliente. E incluso, fuentes juridicas afirman que tenía ser llamado a declarar el propio Luis de Guindos como el gran promotor de estos productos tóxicos al que su banco calificó de muy positivos.
«Si efectivamente las cuotas acabaron al 99% en manos de minoristas debería investigarse si la inversión constituyó una maniobra de ocultación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la realidad de la operación», expone el escrito, que de este modo contradice el criterio de la juez Lamela.
En autos anteriores, la titular del juzgado central de Instrucción numero 3 rechazó dicha prueba testifical, solicitada por varias acusaciones particulares, al estimarla poco relevante para el devenir de la causa.
El pasado 30 de junio, la magistrada volvía sobreseer esta pieza separada del caso CAM -que había reabierto unos días antes la Audiencia Nacional- al estimar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007, no aquellos de 2010 y 2011, sobre los que recaen las sospechas.
«Conductas no adecuadas»
Ahora la sala estima los argumentos de los afectados, quienes alegaron que, pese a todo, cuando se tramitó dicha operación en el primer semestre de 2008, los directivos de la extinta caja, hoy integrada en Banco Sabadell, ya «incurrieron en prácticas atípicas y en conductas no adecuadas» que perjudicaron al inversor, como se desprende del peritaje del Banco de España presente en el sumario.
De igual modo, niega que se trate de una «investigación prospectiva» máxime cuando algunos de los testigos, entre ellos un exconsejero y otros exempleados de la CAM, desvelaron posibles indicios de una actuación delictiva en la comercialización entre minoristas y jubilados de las cuotas.
El escrito, al que ha tenido acceso Efe, también afea la conducta del Ministerio Fiscal, que señaló una supuesta falta de parcialidad por parte de uno de los integrantes de la sección tercera de la sala de lo Penal, a quien no se identifica. En este sentido, el tribunal, compuesto por los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, rechaza dicha consideración por «extemporánea» ya que el fiscal «no hizo manifestación alguna» cuando conoció su composición.
Mientras los afectados acogieron con alegría esta decisión de la Audiencia Nacional porque suponía un «punto de inflexión» en la investigación y la depuración de responsabilidades por la «venta masiva de productos tóxicos», la jueza instructora no ha avnzado nada en el caso. Tres meses después, no se ha llamado a declarar a testigos ni posibles imputados, informan fuentes judiciales, como podría ser el propio Luis de Guindos por su papel principal y clave en la comercialización y venta a minoristas de un producto de riesgo que se vendió como seguro y de alta rentabilidad para sus inversores.
