Los accionistas minoritarios del Banco Popular no descartan acusar al Frob europeo por la liquidación de la entidad financiera por basarse en un informe provisional de Deloitte que pone en duda los test de solvencia del BCE.
Desde la AEMEC señalan que su objetivo es obtener una solución por el medio «más óptimo», y esta pasaría por denunciar al Frob europeo por la «confiscación» del Popular, según apuntan a Radio Intereconomía.
En este sentid, han destacado que usarán la vía civil y penal contra los consejos de administración anteriores a la liquidación, con el centro en Emilio Saracho, ex presidente de la entidad financiera. En cuanto a la forma en la que se ha liquidado el Popular, y por tanto accionistas y bonistas han perdido toda su inversión, consideran que el mecanismo de resolución no se aplicó correctamente.
La AEMEC hace referencia a las duras declaraciones de los inspectores del Banco de España contra el informe de Deloitte, que aún no se ha hecho público por parte de la UE. La Junta Única de Resolución, JUR, el organismo que liquidó al Banco Popular, obligando a accionistas y bonistas a perder toda su inversión, aún no ha dado a conocer el polémico informe de Deloitte que valoraba a la entidad financiera en -8.000 millones de euros.
El informe no se ha hecho público en la semana posterior a la quiebra del Popular y posterior rescate, pese a ser un documento vital para conocer realmente si Banco Popular era o no solvente, así como saber el estado de la entidad financiera justo en el momento de su caída.
La entidad financiera fue expropiada de forma forzosa a sus legítimos dueños para ser vendida por tan solo un euro al Santander. Una operación que ha dejado numerosas preguntas sin respuesta. Pese a que el Frob fue quien firmó la resolución del Popular, lo cierto es que el Ministerio de Economía desconoce este informe y exige al JUR que lo haga público.
Es decir, el Frob español tan sólo se basó en el dictamen del JUR -el Frob europeo-, pero sin corroborar si la situación correspondía a la realidad. De hecho, los Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España desmontaron las cifras estimadas por Deloitte, que llegó a valorar a la entidad financiera con unos números rojos de entre 2.000 y 8.000 millones en el peor de los escenarios, motivo por el que se realizó esta intervención.
Desde la AEMEC consideran que se puede alargar el proceso debido a la lentitud de la justicia, aunque no se descarta que se llegue a un acuerdo. Para ello, ha emplazado a los accionistas a unirse y plantear denuncias judiciales conjuntas para presionar y llegar a un pacto, siempre y cuando el Santander, dueño ahora de la entidad financiera, esté a favor.
