Luis de Guindos alabó la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander por el simbólico precio de un euro ya que no «acarrearía gastos para el contribuyente».
Nada más lejos de la realidad. La operación, motivada según reconoció el BCE hace unos días por la retirada de dinero del Popular ante una cobertura mediática negativa que provocó la caída de la entidad y la ruina de 350.000 accionistas, costará 500 millones a las arcas públicas, es decir, a los ciudadanos españoles.
Tal y como publicó El Confidencial el pasado 17 de agosto, Ana Botín guardaba un as en la manga y el Santander ha hecho uso de un derecho que le otorga la legislación fiscal española y ha solicitado a Hacienda que ejecute los créditos fiscales a los que tiene derecho por ser propietario de Banco Popular. De momento, ha solicitado 500 millones de euros aunque tiene derecho a 610 millones.
El Santander tenía derecho a solicitar esta devolución en la declaración del impuesto de sociedades del Popular, gracias a una cláusula recogida en la ley que permite recuperar activos fiscales garantizados en caso de registrar pérdidas en las cuentas anuales. Los DTAs, por sus siglas en inglés, son deducciones fiscales que generan las empresas en función de unos gastos no deducibles en Hacienda, pero que sí merman sus beneficios, cuando una compañía tiene DTAs acumulados y genera beneficios puede «convertirlos» y reducir la factura anual con Hacienda.
En noviembre de 2013, Luis de Guindos decidió, a causa de la crisis financiera y para evitar que la UE eliminase todos esos activos del cálculo del capital de los bancos que habrían suspendido los exámenes internacionales de solvencia, avalar esos créditos fiscales. El Estado se hizo responsable de hasta un máximo de 30.000 millones de euros abonables en efectivo en caso de pérdidas o de liquidación de cualquier entidad afectada.
La crisis en 2013 estaba ya encarrilada, y el Estado no imaginaba la quiebra de ninguna entidad española, algo que sí ha ocurrido con el Banco Popular, de forma provocada como todo parece indicar: reconoció en 2016 pérdidas de 3.400 millones de euros. En total, el Santander ha heredado 4.900 millones de créditos fiscales con la compra del Popular, según las cuentas de la entidad al cierre de 2016, circunstancia que ha detonado el derecho de su propietario, el Banco Santander, a solicitar la devolución en efectivo de esas deducciones fiscales, deducciones que el popular habría tardado en aprovecha por su incapacidad de crear beneficios.
