Emilio Saracho se enfrenta a su primera Junta General de Accionistas del Banco Popular. Tendrá que concretar y desarrollar su hoja de ruta tras ajustar las cuentas de 2016 y la dimisión de Pedro Larena como consejero delegado.
El pasado 20 de febrero el consejo de administración del Popular nombró a Saracho como el sucesor de Ángel Ron, tras las pérdidas de casi 3.500 millones de euros. Ahora, los inversores exigirán detalles sobre los planes que tiene Saracho para dar la vuelta a la situación que atraviesa la entidad financiera.
Tras solo un mes y medio en el cargo de presidente, Saracho ha visto como la situación ha empeorado, con una rebaja el pasado viernes de la agencia S&P al bono basura, un duro golpe de cara a los inversores, sobre todo internacionales. La rebaja se produjo después de que el banco realizara un ajuste en sus cuentas, pero sin llegar a reformularlas, ya que entonces Saracho tendría que plasmar su firma con las pérdidas de casi 3.609 millones -con el ajuste el Banco Popular incrementaría sus números rojos en 124 millones de euros-, pasando desde los 3.485,36 millones a 3.609,36 millones, como mínimo.
Son estas cuentas las que ahora deberán ser ratificadas por la Junta de Accionistas, en la que algunos de los inversores exigirá cuentas al anterior consejo de administración. Pedro Larena no estará presente en el acto de hoy, que se prevé tenso en la rueda de preguntas de analistas e inversores particulares.
El pasado 7 de marzo, nombró director general adjunto a la presidencia a Miguel Escrig, lo que en la práctica recortó las funciones de Larena. Tras todos estos acontecimientos, las acciones del Banco Popular cayeron el pasado lunes más del 10%, y cotizan ya en el umbral de los 0,80 euros por título. En el acumulado del año, el Banco Popular registra pérdidas de más del 10% y es el que más cae del IBEX 35, mientras que los accionistas soportan pérdidas superiores al 90% desde los máximos de 2007.
Además, Saracho tendrá que salir al paso de posibles ventas en EE UU, así como futuras desinversiones, para tratar de aminorar las pérdidas. El banco prevé vender el 49% de su unidad de tarjetas de crédito WiZink, al tiempo que dio orden a Bank of America para buscar compradores.
En todo este contexto complicado, los accionistas del banco deberán ratificar el nombramiento de los consejeros independientes Carlos González Fernández y Antonio González-Adalid García-Zozaya. Asimismo, deberán autorizar al consejo para que pueda aumentar el capital social del banco hasta un máximo del 50%, durante los próximos tres años en una o varias veces, así como la unión de sus negocios de España y Portugal.
La opción de una ampliación de capital no está bien vista por los analistas, que consideran ya seriamente una venta total o por partes del Banco Popular. Y es que, una ampliación de capital diluirá aún más la posición de los accionistas, bajando el precio en el mercado, y por tanto castigando aún más a los inversores. La entidad cotiza en los 0,81 euros por acción a cierre del pasado viernes.
