Gas Natural Fenosa ha iniciado el litigio contra Colombia por la liquidación de Electricaribe ante la ONU y no ante el Banco Mundial.
La compañía ha presentado la documentación de procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), en la que ha reclamado los 1.000 millones de dólares, el dóble del valor de Electricaribe.
Según Gas Natural Fenosa, el UNCITRAL tiene también el foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España, por lo que evita que el caso llegue al CIADI, dependiente del Banco Mundial.
Según la empresa española, se denuncia a Colombia por no haber dado un trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el «hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje».
A su juicio, tanto la decisión de toma de posesión como la liquidación de Electricaribe y las demás acciones estatales contra la empresa española, tras activar en julio pasado los mecanismos de resolución amistosa de diferencias, «son contrarias al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio».
Recuerda a Colombia que es candidata a entrar en la OCDE
«La actitud del Gobierno de Colombia -continúa- es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país». Asimismo, ha afirmado que Colombia ha dado «un claro paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión».
«La OCDE promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe», ha denunciado la compañía.
Continuará negociando con el Gobierno de Colombia
Pese a todo, Gas Natural Fenosa «mantiene su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes».
Situación de mora y fraude consentida por el Gobierno
Colombia no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas.
Electricaribe está ahogada por las deudas de sus clientes, gran parte de organismos públicos. La ley colombiana impide cortar el suministro a los morosos, por lo que Gas Natural Fenosa reclama un nuevo marco jurídico. La deuda alcanza los 1.300 millones de euros, de los que 200 millones se registraron solo en 2016, e incluye «importantes deudas de organismos públicos colombianos», mientras se obliga a la eléctrica a suministrar energía sin poder cobrar.
«En este punto conviene recordar que a finales del pasado año, la deuda de los clientes protegidos a los que no es posible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones de euros», ha calculado la compañía.
Así, los actuales administradores designados por el Gobierno colombiano han informado que con su gestión, en el actual marco normativo y regulatorio, también prevén finalizar 2017 con un déficit de caja del orden de 85 millones de euros, lo cual demuestra que no existe un problema de gestión sino de marco regulatorio y han declarado públicamente que: “hay que cambiar la cultura del no pago, dando ejemplo desde los entes gubernamentales” (Presidente actual de Electricaribe, 8 de marzo de 2017).
