La gran industria, formada por algo más de 50 empresas, han recibido millonarias cantidades por su disponibilidad a la hora de reducir su consumo en caso de que haya problemas de suministro. En los últimos diez años, la cantidad de dinero recibida alcanza los 4.700 millones y solo han ordenado parar dos veces.
Los españoles no solo pagan su consumo y potencia contratada en el recibo de la luz, sino también entre otros, este sistema de interrumpibilidad. A través de esta partida, las grandes fábricas podrán parar y dejar de consumir electricidad en caso de picos de demanda muy elevados que podría generar problemas de suministro. Ahora el Gobierno busca facilitar que estas plantas paren en caso de elevados precios de la electricidad.
Desde la puesta en marcha del sistema, que ha sufrido una reforma en 2014, las cantidades abonadas a las grandes industrias, como Arcelor o Alcoa -el gigante mundial del Aluminio, alcanzan los 4.700 millones de euros. Algunas de estas grandes compañías amenazan con deslocalizar sus centros en caso de que no se les abone estas cantidades. Solo Alcoa tiene 2.200 trabajadores en España.
Desde 2014, una vez se cambió el sistema, estas grandes compañías acuden a subastas eléctricas para presentar sus ofertas y optar a estas subvenciones. Todo ello por su disponibilidad para desconectar sus factorías de la red.
Según los datos de REE recogidos por la CNMC, se han abonado un total de 229 millones en 2008; 385 millones en 2009; 402 en 2010; 497 millones en 2011; 470 en 2012; 677 millones en 2012 -en plena recesión en España-; 550 millones en 2014; 508 millones en 2015; 503 en 2016 y 525 en lo que llevamos de 2017. En diciembre de este año se realizará la subasta de cara al próximo ejercicio.
Tan solo dos parones en 10 años
Todo este montante se ha dado a la gran industria pese a que solo dos veces en los últimos diez años han cesado de actividad. De hecho, REE solo ha realizado dos requerimientos a ciertas plantas, y no a todas. Se realizó en 2016 y 2017, según confirman a El Independiente fuentes del sector eléctrico conocedoras de la situación. Los dos parones se debieron a averías y no por estar en riesgo el suministro para los consumidores.
REE ordenó parar a Alcoa, Arcelor y Asturiana del Zinc en junio de 2016 durante apenas dos horas. En octubre de ese mismo año tan solo se requirió la parada durante una hora por una avería en la central de Aboño.
En total, tres industrias han sido requeridas para parar, mientras que son 140 las que se benefician de esta disponibilidad, que pagan todos los consumidores a través de sus recibos de la luz. En concreto, el coste alcanza los 20 euros anuales desde 2014, año en el que se modificó al sistema de subastas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha criticado en un duro informe la regulación del sistema de interrumpibilidad, al que se acogen grandes empresas, como Alcoa o Arcelor, diseñado por el Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal.
Estas grandes empresas han percibido cerca de 1.500 millones de euros por su disponibilidad para desengancharse de la red en caso de emergencia, una situación que aún no ha ocurrido y que está lejos de producirse cuando el Gobierno se ha arrogado la potestad de dar luz verde al cierre de plantas eléctricas, como las de carbón o nucleares.
Un sistema que encarece en 20 euros la factura anual de los consumidores
Esta práctica indice directamente en la factura de los consumidores, en concreto en 20 euros, hasta los 1.500 millones en conjunto. Las compañías acogidas a este sistema amenazan con marcharse de España en caso de no percibir las cantidades, por lo que si Energía decidiera reconsiderar su orden ministerial, que se llevará este viernes al Consejo de Ministros, podría provocar el cierre de plantas industriales y un incremento del paro. Solo Alcoa, el gigante del aluminio mundial, tiene 2.200 puestos de trabajo en España.
Con estos pagos, se ahorran un fuerte montante en la factura eléctrica, eso sí, a costa de los consumidores, que ven como el precio de la luz vuelve a dispararse y alcanzar máximos anuales. Desde 2008, la factura ha subido un 50%. La CNMC ha exigido en el informe publicado este jueves corregir estos los fallos de este sistema, que han supuesto ya un desembolso de 4.700 millones
La CNMC hace hincapié «sobre la adecuación del requerimiento de consumo interrumpible a las necesidades del sistema eléctrico, se considera que no está justificado el cálculo de las necesidades de potencia interrumpible, tanto para garantizar la cobertura de la punta de demanda como para aportar respuesta rápida en situaciones de emergencia (seguridad zonal), tal y como ha demostrado el reducido uso de este servicio». En concreto sobre la investigación realizada por la Comisión Europea sobre varios países por hacer uso de este sistema por si pudieran ser constitutivos de ayudas de Estado.
REE debe justificar el diseño de las subastas y su metodología
«El operador del sistema debería desarrollar una metodología de necesidades de cobertura, en lugar de introducir la consideración del volumen de interrumpibilidad como un dato de partida en el análisis de cobertura y no como una variable resultante del cálculo efectuado», afirma la CNMC sobre REE en su informe. «Esta metodología debería, entre otras consideraciones, dar un valor a la contribución de la interconexión a la cobertura de la demanda, que en el escenario actual tiene un valor cero, o evaluar la existencia de posibles alternativas, especialmente en el caso de emergencias zonales», ha destacado.
Según los cálculos de la CNMC, el coste estimado de esta subasta está entre los 504.000 y los 660.000 euros, «muy superior al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España», cuyo montante se estima entre los 75.000 y 205.000. Adicionalmente, a este coste de organización se sumaría que el desarrollo de las subastas se puede prolongar desde las 9:00h a las 20:00h durante cinco días, por lo que los costes directos y de oportunidad de asistencia de los pujadores al sitio de la subasta no son tampoco despreciables.
Con respecto al producto, se ha señalado en numerosas ocasiones que las subastas del producto de 90 MW, son particularmente susceptibles de problemas de competencia, en tanto que el número de proveedores y su presión competitiva fueron reducidos en las subastas anteriores. En particular, la CNMC ha advertido en informes anteriores sobre este mecanismo por la escasa presión competitiva en la subasta de 90 MW, la oportunidad de mayor desagregación de productos o la necesidad de permitir agregaciones de los proveedores de 5MW. En este sentido, la Comisión Europea «también se ha pronunciado indicando que el definir un determinado umbral para poder proveer un servicio puede suponer una barrera a la entrada para pequeños proveedores, más cuando no se permite la agregación como es el caso de España«.
Como conclusiones, la CNMV señala:
Primera.- Con el fin de aportar la mayor estabilidad posible al marco regulatorio actual, esta Sala considera que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad debe abordarse lo antes posible.
Segunda.- En el futuro mecanismo de interrumpibilidad el operador del sistema debería desarrollar una metodología de necesidades de cobertura, en lugar de introducir la consideración del volumen de interrumpibilidad como un dato de partida en el análisis de cobertura. Asimismo, se aconseja simplificar el diseño de las subastas y aumentar la presión competitiva en la subasta de 90MW, bien desagregando el producto, bien permitiendo agregaciones de los proveedores de 5MW.
Tercera.- Esta Sala valora positivamente que se modifiquen los criterios de activación económica para que se haga mayor uso del mecanismo, lo que supondrá una reducción del coste del servicio. Asimismo, en este momento, en el que se está planteando fomentar el uso del servicio por criterios económicos a través de los servicios de ajuste, se reitera la necesidad de incluir en el P.O.9 de la publicidad de información sobre asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, con un grado de agregación y periodicidad tal que aporte información relevante sobre la utilidad del servicio, de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema.
Cuarta.- En cuanto a la exclusión transitoria de las centrales hidráulicas del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad, y sin necesidad de entrar a valorar la consistencia de la justificación ofrecida al efecto (particularmente en el caso de las centrales de bombeo puro, cuyo despacho, por las propias características técnicas de estas centrales, está más ligado a la variabilidad de los precios en el mercado que a la disponibilidad del recurso hidráulico), esta Sala considera oportuno abordar una revisión completa del servicio de disponibilidad, evitando medidas parciales y/o transitorias que limiten en el tiempo revisiones que reclaman permanencia (si bien por razones distintas de las aducidas en la propuesta objeto del presente informe) o excluyan o preserven de dicha revisión a otras tecnologías de generación que, en lo concerniente al servicio de disponibilidad, la ameritan igualmente. A tal efecto, cabe recordar que la Comisión Nacional de la Energía ya elaboró en diciembre de 2012 una Propuesta del mecanismo por el que se establece el servicio de garantía de suministro, que puede servir de base para afrontar dicha reforma.
Quinta.- La aprobación y publicación, con carácter previo a la evacuación de este informe, de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad condiciona –y por ello mismo menoscaba- la función como órgano consultivo de esta Comisión recogida, con carácter general, en el artículo 5.2 de la Ley 372013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
