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El Gobierno y el PSOE esperarán todo el invierno para evitar cortes de luz a los más vulnerables

PP y PSOE dejan pasar todo el invierno para evitar cortes de luz

PP y PSOE pactan un real decreto para evitar cortes de luz a las familias más vulnerables y sin recursos. No obstante, se dan tres meses para aprobarlo, justo en pleno invierno.
El decreto llega en una jornada en el que hay numerosas protestas en las principales ciudades de España contra los abusos de las eléctricas y por los elevados impuestos de la factura de la luz. La reforma urgente  de la ley del sector eléctrico prohíbe que se pueda cortar la luz a los hogares «extremadamente vulnerables», aunque esta medida será definida en un plazo de tres meses, durante su desarrollo reglamentario.
Nadal ha recordado que actualmente existen 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que calificadas como vulnerables y que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de «extremadamente vulnerable» y que es atendido por los servicios sociales.
De esta forma, las eléctricas podrán continuar con los cortes de luz a estas familias justo en el invierno, cuando más se utiliza la electricidad.

El gas, fuera del bono social

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha señalado que el Real Decreto Ley define además la nueva financiación del bono social eléctrico, que será al 100% por parte de las empresas comercializadoras y ha puntualizado que el bono no se extiende al gas y sólo se refiere al suministro eléctrico.
«Hay buenas posibilidades de que este decreto sea aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes», ha añadido, al tiempo que ha subrayado que durante el desarrollo del reglamento se estudiará que el bono social esté ligado a la rentas y a los ingresos y pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores «extremadamente vulnerables«.
En este sentido, ha añadido que a lo largo de tres meses, una vez convalidado ya el decreto ley, se definirán mediante normas las limitaciones a los cortes de suministros eléctricos y se establecerá que una parte de los impagos procedentes de hogares pobres sean abonados también por los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.
En este sentido, Nadal ha confiado en la «generosidad» de las corporaciones locales y autonómicas para que puedan duplicar sus recursos frente a las facturas no pagadas y para que se alcance un acuerdo cuanto antes.
Sin embargo, ha recordado que el Decreto Ley debe recibir diferentes informes procedentes de la CNMC y de Bruselas.
El real decreto también incluye una comparativa para que el consumidor pueda conocer las opciones de las diferentes comercializadoras de electricidad y así mejorar las prácticas de estas compañías.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que se trata de una reforma estructural importante y de «un buen acuerdo para las familias más vulnerables ya que ataca la pobreza energética».
También ha pedido a Ciudadanos y al resto de fuerzas políticas que lo apoyen durante su convalidación en el Congreso ya que no es un acuerdo cerrado para nadie.
Hernando ha recalcado que el PSOE ha sido el que ha propuesto la reforma de la Ley eléctrica mediante la introducción del artículo 42.J que será debatido durante la próxima Conferencia de Presidentes.
«Cuando nos llamó el Gobierno acudimos y ofrecimos un texto articulado. Lo presentamos inmediatamente y el Gobierno fue accesible a esta propuesta desde el primer momento«, ha dicho Hernando, que ha criticado que Podemos no haya hecho lo mismo.
«Cuando se produjeron los sucesos dramáticos y graves en Reus con la muerte de una persona, nosotros nos pusimos a trabajar y otros a protestar», ha aseverado.
En este sentido, el ministro de Energía ha lamentado que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no haya hecho aportaciones con rango de Ley.
No obstante, ha deseado que el resto de fuerzas políticas «se sumen a ello» y ha argumentado el Decreto Ley ante la necesidad de que fuera aprobado antes del 31 de diciembre y diera garantía «a la financiación del bono social» tras la sentencia del Tribunal Tribunal Supremo que había declarado inaplicable su régimen de financiación.

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