Este lunes se inicia el macrojuicio de Fórum Filatélico once años después del cierre de la empresa, considerada «financiera» por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a ser mercantil y que dejó 260.000 ahorradores sin su dinero. En total, 3.700 millones que quizá tenga que pagar el Estado.
La Audiencia Nacional comenzará el juicio por el caso Forúm Filatélico este lunes con numerosos imputados, hasta un total de 29, con el líder de esta supuesta trama en el banquillo, Francisco Briones.
La sociedad se dedicaba a captar ahorros de particulares para invertir el dinero en sellos con una alta rentabilidad. Pese a ser considerado una trama organizada, algunas de las defensas consideran que no era tal, sino que era una empresa mercantil y no financiera, cuya contabilidad es radicalmente distinta y que según el baremo que se mida sí tenía un agujero patrimonial, pero éste no era tal si se tiene en cuenta la contabilidad de una sociedad mercantil.
El juicio estará listo para sentencia el próximo 15 de diciembre, pero se podría acortar ya que hasta 9 testigos del caso han fallecido tras once años de investigación, una lentitud injustificada para un caso de tal calado.
Los pequeños ahorradores están representados por Adicae, que pide para los acusados un total de 195 años de cárcel y millonarias multas por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Para la acusación, Fórum era «una empresa cuyo único objetivo consistía en captar fondos mediante contratos de inversión que ofrecían rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal, gracias a la absoluta falta de regulación y control por parte de las diferentes administraciones públicas».
Briones, considerado jefe de la supuesta trama, se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel como «líder de una organización de marcado carácter presidencialista» tras dejar un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Este desfase se ha calculado en base a que era una empresa financiera, y no mercantil. El fiscal Alejandro Luzón estará al frente de la acusación durante las vistas orales.
El caso de Fórum es muy similar al de Afinsa, por lo que no se descarta que algunos afectados exijan ante la justicia que sea el Estado, por su decisión de cerrar la empresa, la que asuma el coste de la devolución del dinero a los afectados, que hasta ahora han recibido tan solo el 20,5% del capital invertido. De hecho, así lo manifiestan los afectados que se han declarado en huelga de hambre desde el pasado lunes a Intereconomía.com, más cuando aseguran que la intervención de Fórum fue una decisión política para eliminar competencia a la banca.
La Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico han cargado también contra la inacción política ante este caso, más cuando no se han dado respuestas ni explicaciones del por qué del cierre. Esta federación ya ha tachado el sistema judicial de «lento, parcial, deshonesto, arbitrario y absolutamente inoperante a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos».
Mientras tanto los administradores concursales han realizado ventas por debajo del valor estimado, como la venta de un edificio por 25 millones de euros que después fue vendido por 31 millones, o la valoración de unos sellos en 340 millones, pese a que la tasación superaba los 1.000 millones. A cierre de 2016, la administración concursal de Fórum había abonado su primer pago a 262.602 acreedores, en tanto que 247.404 ya dispondrían del segundo, a través de 518.886 transferencias por valor de 665,5 millones de euros.
Aún quedan pendientes por abonar 3.041,6 millones a los 268.804 titulares de los 393.754 contratos filatélicos suscritos, una cuantía de la que podría tener que responder, entre otros, Briones, si la sección primera de la sala de lo Penal estima la responsabilidad civil propuesta por la Fiscalía.
Anticorrupción extiende además su acusación a otras 29 personas, incluidos el que fuera director general Antonio Merino Zamorano; el Consejo de Administración integrado por Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá; y el asesor jurídico, Juan Ramón González. Las penas de prisión a las que se enfrentan son de entre once años (González) y 16 años (Merino).
