El examinador de la DGT, cuya escasez de plantilla está poniendo en riesgo miles de empleos en el sector de las autoescuelas y la supervivencia de centenares de pequeñas empresas, es un funcionario rentable para el Estado.
Esta es una de las principales conclusiones de los análisis que está realizando la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ante el problema acuciante que viven las autoescuelas en toda España como consecuencia de un déficit de examinadores, que en unas semanas podría colapsar el sistema de Formación Vial en España.
La carencia de examinadores hace que se produzcan significativos retrasos en las convocatorias de exámenes, además de cambios de fecha inesperados, que llevan a una paralización de la enseñanza práctica en la autoescuela, que se retoma poco antes del examen.
Estos parones pueden llevar a las autoescuelas al despido de miles de profesores, 17.975 en toda España, porque no pueden afrontar esta ausencia de actividad y facturación.
La CNAE teme un colapso del sistema este próximo verano si no se cubre el déficit de examinadores, calculado entre 200 y 300, que habrían de sumarse a la actual plantilla de la DGT, oficialmente integrada por 756 funcionarios, aunque el número operativo es muy inferior, estimado en poco más de 600 examinadores.
Los cálculos de la CNAE demuestran que un examinador del permiso de conducir es extremadamente rentable para el Estado, al generar un considerable volumen de ingresos por las tasas que cada aspirante a obtener la licencia de conducción en cualquier de sus modalidades debe pagar para examinarse.
El examen del permiso de conducir es un servicio que presta la Dirección General de Tráfico (DGT) a cambio del pago de una tasa de 90,30 euros, que da derecho a los aspirantes a dos oportunidades. Si no aprovechan ninguna de las dos, han de abonar de nuevo la misma cantidad, que les permite presentarse a otros dos exámenes. Y así sucesivamente.
En 2016, el número de aspirantes aprobados en primera o segunda convocatoria fue de 789.700, lo que supuso un ingreso para la DGT de 71,3 millones de euros, a los que hay sumar los casi 30 millones recaudados por la tasas de los 166.345 aspirantes de la tercer y cuarta convocatoria y los 13 millones de los que lograron el aprobado a partir del quinto examen, que fueron 48.531 alumnos.
El total de tasas pagadas en 2016 sumó 114,4 millones de euros, mientras que la plantilla de 756 examinadores costó al Estado alrededor de 23 millones de euros, lo que genera un beneficio de casi 94,5 millones de euros.
