El proyecto de renta mínima en la Comunidad Valenciana, anunciado el pasado mes de diciembre por la líder de Compromís, Mónica Oltra, costará, y mucho, al bolsillo de los valencianos.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, presentó el pasado mes de diciembre el borrador del anteproyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, una de las políticas estrella del gobierno valenciano, conformado por el PSOE y Compromís, marca blanca de Podemos.
La nueva ley flexibiliza los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y ampliando la edad de para poder solicitarla a los 18 años.
13.000 inmigrantes irregulares y cientos de trabajadores
Esta medida costará millones de euros a los valencianos ya que, según recoge el diario local Las Provincias, a los 45.000 beneficiarios actuales podrían sumarse unos 13.000 inmigrantes irregulares y cientos de trabajadores, posiblemente miles, cuyo sueldo no supera el 80% del salario mínimo (menos de 524 euros al mes).
El importe de ésta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales. El presupuesto, explicó Oltra en diciembre, se ha aumenta un 62% en comparación con 2016 y pasa 52,1 millones de euros. Sin embargo, el gobierno autonómico no sabe ni la cuantía exacta a destinar ni el número de personas que solicitará el dinero. Por ello ha encargado un estudio a la Universitat de València.
Además, se crea la renta complementaria de ingresos, bien por trabajo o por recibir alguna otra prestación como desempleo o jubilación, siempre y cuando sea inferior al 80% del salario mínimo interprofesional. En estos casos, la ayuda autonómica supondrá un añadido a esos ingresos, por lo que el importe dependerá de cada caso.