No hay dinero para pagar las pensiones y el déficit público está descontrolado. Aún así, la Junta de Andalucía, que no paga ni los comedores escolares, si tiene recursos para que sus funcionarios trabajen menos.
El Parlamento andaluz ha convalidado hoy, con los votos de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y C’s, el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta por el que más de 270.000 empleados públicos recuperarán a partir del próximo 16 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que se trata de una medida «justa, oportuna, adecuada y consensuada» con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que no solo es «de justicia» para los empleados sino que tendrá un impacto positivo en la economía.
Para la Junta de Andalucía trabajar más de 35 horas semanales es un gran esfuerzo para sus empleados públicos
Ha explicado que significa «revertir el esfuerzo» que los empleados públicos hicieron durante el momento «más difícil de la crisis» y ha resaltado que Andalucía marca «un camino distinto a la hora de aguantar los recortes».
Montero ha defendido que el Gobierno andaluz «cuando hubo que ajustar lo hizo» pero sin despidos masivos ni privatizaciones, mientras en otras comunidades «miles de personas fueron a la calle».
La recuperación de la jornada de 35 horas semanales contará con margen «suficiente» para hacerlo de forma planificada, ha añadido Montero, quien espera que la iniciativa se convierta en «una hoja de ruta que se pueda instaurar en el resto del Estado».
En contra de ese objetivo está la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró recientemente la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, por lo que tumbó la iniciativa de que recuperaran las 35 horas de semanales.
