La lucha contra la corrupción es considerada una prioridad mundial y uno de los principales problemas a combatir por los gobiernos y las empresas. Sin embargo, lo que los ejecutivos que denuncian los grandes casos de corrupción, defienden el fraude a pequeña escala. El 50% de los directivos españoles percibe que los sobornos y la corrupción son frecuentes a la hora de hacer negocios en el país, según recoge el estudio EY elaborado a partir de más de 2.800 entrevistas realizadas en 62 países y territorios del mundo. De hecho, destaca que uno de cada dos encuestados opina que existen normas, pero no lo suficientemente efectivas.
En este marco, la percepción de sobornos y corrupción en el mundo de los negocios es ahora mayor que en la encuesta anterior, cuando el 28% de los ejecutivos afirmaban que eran prácticas habituales en España, y supera notablemente el resultado del 20% que arroja el estudio en Europa Occidental.
Este aumento de la percepción de corrupción lleva a España a subir desde la 31ª posición a la 22ª en un ranking que encabezan países como Brasil, Ucrania, Tailandia y Nigeria. Por el contrario, Finlandia, Arabia Saudí, Suecia y Dinamarca son los países en los que existe menos percepción de estas prácticas entre los directivos de las empresas
A pesar de este repunte, sólo un 8% de los directivos preguntados en España percibe que hacer sobornos es una práctica común en su sector para ganar contratos. Una cifra que duplica la registrada en Europa Occidental y también la del conjunto de los mercados desarrollados a nivel global.
La recesión económica ha agravado los comportamientos pocos éticos en el mundo empresarial. El estudio de EY pone de manifiesto que el 42% de los directivos españoles consideran que podrían justificarse al menos uno de estos comportamientos poco éticos (realizar pagos en metálico, ofrecer regalos de entretenimiento o personales y falsear los resultados financieros) si ayudan a que la empresa sobreviva en una recesión económica. Un porcentaje muy superior al de Europa Occidental (28%), al de los mercados desarrollados (30%) e incluso al de las economías emergentes (40%).
Concretamente, en España, casi un tercio de los encuestados aseguró que en ese contexto podrían justificarse los pagos en metálico, frente al 9% de Europa Occidental y de los mercados desarrollados o el 16% de los mercados emergentes. De hecho, nuestro país se sitúa como el octavo del mundo por esta hipotética conducta inapropiada, sólo por detrás de China, Hong Kong, Eslovaquia, Malasia, Grecia, Indonesia y Singapur.
Asimismo, uno de cada cuatro directivos afirma que podría estar dispuesto a pagar con ocio si asegura la continuidad de su negocio –en línea con el resto de las áreas- y el 14% justificaría que les obsequiaría con regalos personales. Un porcentaje que duplica al recogido en Europa Occidental y en el conjunto de los mercados desarrollados.
En cuanto a falsificar los resultados financieros de la empresa, el 12% de los ejecutivos encuestados en España confiesa que podría justificarlo si con ello la empresa sobrevive, lo que supone seis veces más que en Europa Occidental (2%) y que en los mercados desarrollados (2%) y el doble que en los mercados emergentes (6%). Según el estudio de EY, España es el séptimo país en donde más disculparían esta mala conducta, al situarse tras Malasia, Kenia, Arabia Saudí, Hong Kong, Colombia y Filipinas.
En este sentido, el 46% de los directivos españoles consultados afirma que justificaría realizar alguna de estas actuaciones (políticas de devolución de productos más flexibles -26%-, cambios en parámetros de valoración -22%-, extender el período de informes mensuales -14%-, cambiar la fecha del contrato -8%- y contabilizar ingresos antes del período -6%-) para cumplir con los objetivos financieros.
Persecución contra el fraude
Las crecientes amenazas del cibercrimen y otras cuestiones como la financiación del terrorismo han aumentado la presión sobre las autoridades y las empresas para que identifiquen y mitiguen los problemas de fraude, soborno y corrupción.
La coordinación transfronteriza de los distintos actores para erradicar estas prácticas se ha elevado a un nivel sin precedentes y los países están tomando medidas para fomentar la transparencia y los comportamientos éticos en el mundo empresarial. El estudio muestra que el 96% de los directivos españoles consultados están de acuerdo en que juzgar de forma individual a los directivos ayudaría a disuadirlos de cometer fraude, soborno y corrupción en un futuro.
Los datos del estudio arrojan, no obstante, que todavía hay mucho trabajo por hacer. El 48% de los encuestados en España aseguran que las autoridades están dispuestas a juzgar, pero no son lo suficientemente efectivas en condenas y en recuperar las sumas de dinero. Un resultado que se mantiene en línea con Europa Occidental (45%) y con la totalidad de los participantes del estudio (47%).
