El Gobierno propone al Senado el cese de Puigdemont y de todo su Govern en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La idea es convocar elecciones en Cataluña en el plazo de seis meses.El Gobierno propone al Senado cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut.
Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña. El presidente del Gobierno ha explicado que la aplicación del artículo 155 tiene como objetivos, por este orden, la vuelta a la legalidad, la recuperación de la normalidad, el mantenimiento de la recuperación económica y la celebración de elecciones en Cataluña.
Y ha añadido que aunque dispondría de seis meses para poder convocar elecciones, su voluntad es hacerlo en cuanto se vuelva a la normalidad.
Según ha explicado, el ejercicio de dichas funciones se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.
Una de las medidas a aplicar en Cataluña cumpliendo el artículo 155 de la Constitución será que el presidente del Parlament no pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y que el parlamento catalán no podrá celebrar el debate y votación de investidura.
Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.
El parlamento de Cataluña, según Rajoy, ejercerá la función representativa que tiene encomendada «para garantizar el pleno respeto al Estatuto y la Constitución».
Motivos económicos en la aplicación del 155
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado también que uno de los motivos para aplicar el artículo 155 en Cataluña es «continuar la recuperación económica», y que las consecuencias de la independencia llevarían a la autonomía a un «empobrecimiento» al perder «entre el 25 % y el 30 %» de su PIB.
Rajoy, que ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para intervenir en Cataluña, ha indicado que la recuperación económica está «en evidente peligro» por las decisiones «caprichosas y unilaterales» que se han adoptado desde la Generalitat.
El presidente ha tachado de «preocupantes» los datos que muestran que más de 1.000 empresas han trasladado desde el referéndum ilegal del 1 de octubre sus sedes fuera de la región, y ha pedido «que no se vayan más empresas ni se vayan más depósitos» de Cataluña.
Entre ellas, han trasladado sus sedes las entidades financieras, como CaixaBank y Banco Sabadell, ya que en caso de independencia «las facilidades que da el Banco Central Europeo (BCE) desaparecerían» y, por lo tanto, ha defendido que los bancos actúan «en defensa de sus propios intereses, de los trabajadores y los depositantes».
Asimismo, Rajoy ha denunciado que «se ha faltado a la verdad» sobre los «efectos beneficiosos» para los catalanes de una posible independencia, ya que en ese caso «abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de relaciones comerciales».
Con ello, ha continuado, se aplicarían controles aduaneros, y ha recordado que el comercio exterior supone «más de la mitad» del PIB catalán.
Además, ha indicado que con las acciones de la Generalitat «se han desincentivado las inversiones» extranjeras y nacionales, «se ha desmotivado el turismo», cuyo peso en la economía catalana ha resaltado, y habría «un problema de contracción del crédito», así como una «inflación desproporcionada», que llevarían a una coyuntura económica «insostenible».
