La Fiscalía de Barcelona abrió este miércoles una investigación para aclarar si el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, ha cometido un delito de revelación de secretos al haber licitado los servicios técnicos necesarios para la celebración de la multiconsulta que se celebraría esta primavera y que podría suponer la cesión o el acceso de empresas a los datos del padrón municipal y de menores de edad.
El equipo de gobierno de Ada Colau ya ha licitado 2,7 millones de los 3,5 previstos para llevar a cabo el multirreferéndum. En este sentido, la Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica recuerda en la denuncia que ha presentado que la finalidad es que mediante la adjudicación de este servicio se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas en la ciudad de Barcelona. La elaboración del censo para las consultas, incide, se haría a través de la incorporación de datos del padrón municipal, tan pronto como fuera convocada la multiconsulta por el consistorio.
El pliego de condiciones establece que «podrán votar a las personas de más de 16 años» empadronadas en Barcelona, estimando un «universo potencial de 1,4 millones de habitantes». La sociedad que se contrate recibirá la información del censo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de añadir que se tendrán que tomar las medidas para que los datos no puedan ser usados para otras finalidades.
Ahora, la Fiscalía de Barcelona investiga si el gobierno de Ada Colau ha incurrido en un presunto delito de revelación de secretos por ceder datos del padrón municipal para la multiconsulta. La actuación del ministerio público se produce pocos días antes de que, el próximo martes, se reúna el consistorio barcelonés en un pleno extraordinario para decidir las preguntas de la consulta ciudadana.
La fiscalía ha abierto diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). Esta entidad ha denunciado la licitación convocada en diciembre pasado por el Instituto Municipal de Informática para adjudicar los servicios técnicos de la multiconsulta y, por lo tanto, la elaboración del censo de electores.
