Al Gobierno parece que la crisis del coronavirus le vale como excusa para todo. La última ha sido el decreto ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo que publicó este miércoles el BOE que introduce los cambios normativos necesarios para la integración efectiva del Régimen de Clases Pasivas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde el Ministerio de Hacienda. Afecta a miles de funcionarios.
Y las protestas y las reclamaciones por parte de los afectados no se ha hecho esperar. La Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, ha lamentado que el Gobierno haya aprovechado la aprobación de un real decreto durante el estado de alarma para traspasar la gestión de las jubilaciones de funcionarios a la Seguridad Social «con absoluta falta de transparencia y de dialogo con los miles de afectados».
Según explica el sindicato, en el Real Decreto publicado en el BOE el 22 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se determina el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas desde Ministerio de Hacienda, que las gestiona en la actualidad, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá.
De esa forma, indica, las jubilaciones y otras prestaciones como viudedad u orfandad del Régimen de Clases Pasivas (RCP) para quienes forman parte de él por haber ingresado en la función pública antes del año 2011, las gestionará a partir de ahora el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El sindicato de inspectores de educación recuerda que los funcionarios que accedieron a la Administración a partir del año 2011 se integran en el Régimen General de la Seguridad Social.
«Es lógico, por tanto, que el personal funcionario en general, y los inspectores de educación en particular, estemos preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas (RCP) y la regulación de sus pensiones», expresa USIE.
Vox llevará al TC este nuevo atropello
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este viernes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el «atropello» que, a su juicio, supone la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social a través de un real decreto y hurtando el debate parlamentario.
Para Abascal, se trata de un «nuevo atropello» del Gobierno de Pedro Sánchez que elimina la «autonomía de gestión» del Régimen de Clases Pasivas del Estado sin debate parlamentario aprovechando un decreto de medidas urgentes para paliar la crisis del coronavirus.
Por ello, Abascal ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional este cambio normativo «para que no se hurte este debate al Congreso y para que se escuche antes a los españoles afectados».
«Actuaremos como dique de contención frente a cualquier expropiación ilegal de derechos que suframos los españoles aprovechando nuestro confinamiento», denuncia.
