La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el procesamiento para 27 investigados por la venta de armas de la empresa pública Defex a Angola en un contrato valorado en 41 millones de euros en 2008, con la fallecida socialista Carme Chacón como ministra de Defensa tras sustituir a José Antonio Alonso.
La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que hay serios indicios de delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos fiscales, delitos de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida, de blanqueo de capitales, de falsedad documental y de organización criminal.
El contrato se firmó en 2008 y por este caso ya han entrado en prisión José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa -relacionado con los conocidos «papeles de Laos» del caso Roldán-, aunque ahora están en libertad bajo fianza por orden del anterior juez de instrucción Pablo Ruz.
Las empresas Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach y otros 27 imputados
A su juicio, la instrucción realizada hasta ahora es suficiente y por ello pide la transformación de las diligencias previas en Procedimiento Abreviado, lo equivalente en el sumario al procesamiento. En concreto, pide procesar a 27 imputados y a tres sociedades como personas jurídicas: Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach.-
La Fiscalía, en uno de sus escritos en esta causa, sospecha que ese contrato surgió del uso que hicieron los imputados de sus relaciones con altos funcionarios angoleños «para crear un aparente contrato de suministro y poder sustraer de las arcas públicas» de Angola «una importante cantidad de dinero«.
Se ha investigado a las personas que firmaron ese contrato con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda. Se indagan en concreto sobreprecios en ese contrato, que pudieron servir para pagar comisiones y acabar en los bolsillos de los investigados, a los que se les imputan delitos de corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal.
Entre los investigados, además de los dos citados, destacan también Juan Carlos Cueto Martin, vinculado a la empresa Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Ángel María Larumbe, entonces directivos de Defex.