La inmersión lingüística en Cataluña, un caso excepcional en todo el mundo, exige que todos los alumnos reciban clases en catalán a excepción de la asignatura propia de Lengua Española. Los tribunales ya han tumbado esta imposición del catalán, pero la Generalitat continúa implantándola.
Los padres con hijos en escuelas catalanas tienen que dirigirse a los tribunales para que prevalezca el derecho a una enseñanza también en español. Son muy pocas las familias que piden una formación únicamente en español, pero también están en su derecho. No obstante, independentistas y catalanistas, incluido el PSC junto con JxS y la CUP, han hecho caso omiso a estas sentencias judiciales y mantienen en vigor este apertheid lingüístico.
El Tribunal Supremo exige al menos un 25% de las clases en español, pero los catalanistas se oponen a ello. No solo mediante declaraciones en los medios, sino también con maniobras de acoso contra estas familias -después hablan de los males del bullying-. Algunas de ellas han tenido que salir de la Comunidad Autónoma, otras han sufrido la marginación social y económica, con boicots a comercios de los padres. Asimismo, los hijos de estas familias son tratados como apestados por el único delito de querer aprender también en español en España.
Los padres sufren manifestaciones, presiones de los directores y profesores. Ninguno de ellos entra en razón para dar ese derecho. Se llegan a crear grupos de whatsapp para exigir que los compañeros de clase salgan del aula cuando toque la clase en español, una muestra de hasta el punto en el que se ha llegado en Cataluña es el ejemplo que dio Ana Moreno ante el Parlamento Europeo. En los colegios públicos catalanes solo se usa el catalán para comunicarse con los niños menores de cinco años, es decir, tres años obligatorios de inmersión lingüística. En la guardería pasa exactamente lo mismo, sin que haya una posibilidad de atender a los niños en su lengua materna.
A partir de P-5, es decir, los seis años, solo se enseña en español de forma oral, cuando el catalán comienza ya a escribirse. A partir de P-6, el español es relegado a una mera lengua extranjera, se le da de hecho más importancia al inglés.
Las sentencias del Supremo, que ha obligado a ciertos colegios a dar el 25% de las clases en español, llegan ya cuando el alumno está fuera del centro por su edad. Es decir, que para que un alumno pueda aprender el 25% de la materia en español, los padres deben iniciar el trámite judicial durante las primeras etapas del colegio, y el tribunal les da la razón unos cuatro años después, un tiempo durante el que no sufren ningún tipo de acoso, hasta que llega la sentencia. Entonces es cuando empieza el calvario, empezando por los directores de colegios, que tardan en acatar la sentencia. Los colegios, con esta sentencia, aceptan que sea la asignatura de matemáticas la que corresponde al español.
No obstante, acuden directamente a la prensa local para dar a conocer la sentencia, y de ahí se expande rápidamente a grupos independentistas y catalanistas, que no dudan en manifestarse, acosar a la familia, protestar contra el español en España, y mantener marginados a los hijos, ajenos a todo el periplo.
Los grupos de Whatsapp y las redes sociales arden contra estas familias, mensajes directos al móvil y manifestaciones para tratar de paralizar la sentencia. Todo ello vestido con arengas como “ataque a la lengua” o «traidores a la patria catalana«. A esto se suma el rechazo de comprar en sus comercios. Todo ello con el apoyo de la Generalitat, partidos catalanistas, profesores, grupos radicales y alumnado.