En meos de 48 horas el juez ha cerrado la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre las contrataciones irregulares de 85 trabajadores presuntamente enchufados por el PSOE en la polémica fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe.
Segun ha publicado El Mundo , el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la denuncia sobre la fundación del Gobierno andaluz, «al no estar debidamente justificada la perpetración de un delito».
Fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios consideran que en «nuestro asombro por la celeridad del juzgado en archivar provisionalmente nuestra denuncia, en menos de 48 horas, una rapidez inusual y sin practicar ninguna investigación previa».
«La diligencia de archivo provisional solo se pronuncia sobre los presuntos delitos de cohecho y no dice absolutamente nada de los otros presuntos delitos denunciados por el SAF, como son la prevariación administrativa y el tráfico de influencias, cuestión que debería explicar ese juzgado», explican.
85 trabajadores de la Faffe que detallan con nombres y apellidos en una lista tienen vinculaciones con el PSOE y lograron su plaza en la Administración andaluza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación». Todos siguen trabajando en la Junta, ya que pasaron de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en 2011.
Entre ellos, figuran alcaldes, concejales y familiares de destacados dirigentes y cargos públicos del PSOE, como la mujer del alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas; y otros emparentados con el vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado, Gaspar Zarrías, que ahora está siendo juzgado por los ERE.
El listado de 85 trabajadores elaborado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios incluye cuatro nombres -Matilde Díaz Jiménez, Olga Carmen Vico Galiano, María José Vargas-Machuca Torres y Fátima Arroyo Jiménez- que no tienen ninguna vinculación con el PSOE. Los denunciantes lo atribuyen a la opacidad que hay en la Junta dirigida porSusana Díazcon la plantilla procedente de la Faffe y remarcan que su objetivo era que el juez investigara la lista que ellos habían confeccionado.
