El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, tres ex consejeros y seis altos cargos de la Generalitat tendrán que pagar 5,25 millones de euros por los gastos derivados del referéndum ilegal del 9-N de 2014.
Así lo exige el Tribunal de Cuentas, que reclama esta fianza a todos los investigados por este presunto saqueo a las arcas públicas. La cifra, pedida por los demandantes en representación de Sociedad Civil Catalana, se debe a la responsabilidad por la ejecución de esa consulta ilegal. A Artur Mas se le exige cerca de dos millones de euros y en caso de que alguno de los investigados no pueda hacer frente una vez embargados los bienes, el resto tendrá que asumir el montante.
Esta cantidad es la «liquidación provisional» de los gastos de la consulta separatista, cuya suma alcanza los 4.831.599,03 euros, pero los intereses de demora añaden otros 420.349,14 euros.
Artur Mas es el máximo responsable de todos los gastos de ese referéndum ilegal, seguida de la ex vicepresidenta, Joana Ortega, el ex consejero de Presidencia, Francesc Homs, y la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau. El Tribunal de Cuentas les da 15 días de plazo para recurrir la fianza, si el recurso no llega a buen término, les serán embargados todos los bienes. Los independentistas ya iniciaron una colecta y llevan recaudados cerca de un millón de euros, es decir, unos 50 céntimos de media por cada uno de los dos millones de votantes que obtuvieron en las pasadas elecciones autonómicas.
El Alto Tribunal ha repartido la cantidad de cada gasto entre los responsables, y en caso de encontrarse insolvente alguno de ellos, el resto deberá asumir la cuantía de forma solidaria. En caso de que ninguno se declare insolvente, a Mas le corresponde un total de 1,9 millones de euros.
Según el Tribunal de Cuentas, a Mas y Rigau se les imputa a partes iguales el gasto de 2,8 millones en la compra de portátiles para ser utilizados en las mesas de votación, el más alto de todos los investigados. Cifra que asciende a los 3,04 millones con los intereses.