El ex presidente de la Generalitat y millonario Artur Mas asegura que no tiene con qué pagar la fianza de 1,9 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas para hacer frente a los gastos derivados del referéndum ilegal del 9-N.
Mas vuelve a apelar así a la llamada caja de solidaridad para los encausados por el Tribunal de Cuentas, que ha exigido una fianza total de 5,25 millones de euros, intereses de demora incluidos. Según Mas, ni él ni ninguno de los ex consejeros podrán pagar de su bolsillo este montante por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.
No obstante, según el Patrimonio declarado por Mas, al menos tiene un fortuna de 2,3 millones procedente de una herencia de su padre en Liechtenstein y gana 115.000 euros, con pensión vitalicia. La cuantía de la fianza para Mas es desorbitada para la inmensa mayoría de trabajadores, pero pequeña para los importantes ingresos del ex presidente de la Generalitat, que cuenta con un patrimonio declarado de 600.000 euros, pero con el cargo de ex presidente catalán se lucra de numerosos privilegios. De hecho, el Estatuto de autonomía de Cataluña le da derecho a cobrar 115.000 euros al año, es decir, el 80% de su sueldo como presidente de la Generalitat, el que más cobra de todos esos cargos. Pero una vez que tenga los 65 años recibirá una pensión vitalicia de 85.000 euros al año, es decir, en 2021.
En declaraciones a RAC 1, Mas ha explicado que los nueve señalados por el 9N por el Tribunal de Cuentas no pueden «hacer frente a estas cantidades». No obstante, ha subrayado que «mucha gente ha tomado conciencia» de que estos acusados dieron «la cara» para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que «no tiene sentido que nueve lo perdamos todo» y que «el resto no haga un muy pequeño esfuerzo» para poder hacer frente a la fianza.
Mas ha animado a quienes participaron en el 9N a «ayudar un poco» con una aportación a la «caja de solidaridad» promovida por las entidades soberanistas para afrontar este tipo de pagos. Por su parte, el exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado un «despropósito» el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas porque «es directamente ilegal, de una irregularidad absoluta».
Homs ha recalcado que «una cosa que fue juzgada no puede volver a juzgarse«, por lo que, a su juicio, hay motivos «para poder actuar contra quienes están actuando de esta manera contra el Estado de derecho».
La ex consejera de Enseñanza Irene Rigau ha señalado que este proceso es un «escarmiento» para intentar disuadir a los impulsores de un referéndum el 1 de octubre, mientras que la ex vicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega ha denunciado la «indefensión absoluta» que siente ante el Tribunal de Cuentas. Todo ello por celebrar una consulta ilegal e inconstitucional, como pretende hacer ahora el Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Mas tilda de «represión» hacer cumplir la ley
Mas ha tildado de «amenazas y represión» hacer cumplir la ley y las sentencias judiciales. Ante la desobediencia manifiesta de políticos separatistas, que siguen proponiendo celebrar el referéndum, Mas ha asegurado que el «Estado español ya ha perdido a Cataluña».
Asimismo, ha asegurado que el movimiento independentista es «cívico», pese al acoso a la Guardia Civil sufrido durante la pasada semana, donde tres coches de la Benemérita quedaron totalmente destrozados.
Según Mas, «administrativamente aún no» ha perdido a Cataluña, pero sí desde el punto de vista de la «identificación con un proyecto común» porque incluso muchos catalanes no independentistas se sienten «profundamente decepcionados» con un Estado al que «le ven todas sus indecencias en carne viva».
Mas ha expresado su «decepción» con los socialistas: «Puedo entender perfectamente que estén en contra de la independencia. Lo que no puedo entender es que ante un ataque a la democracia tan letal como se está produciendo, un ataque a los derechos civiles y fundamentales de la gente, el PSOE y el PSC hagan la pelota» al Gobierno de Mariano Rajoy.
Para Mas, la Unión Europea tiene el 1 de octubre una oportunidad «de oro» para demostrar que se mueve más por sus «principios y valores» que por sus «intereses».
