El Tribunal de Cuentas ha afirmado este miércoles que los citados altos cargos de la Generalitat de Cataluña el 25 de septiembre por el referédum ilegal del 9-N no tendrán que pagar la fianza de cinco millones de euros ese día.
Así lo ha explicado el Tribunal en una «nota aclaratoria», tras indicar ayer que el ex presidente catalán Artur Mas, así como los ex consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, junto a otros seis altos cargos deberán depositar entre todos cinco millones de euros por el gasto público destinado a la consulta del 9-N.
El Tribunal de Cuentas citó a estos altos cargos e impuso una fianza conjunta de 5 millones de euros por el uso de dinero público para la celebración del referéndum ilegal del pasado 9-N. La fianza, no obstante, no tendrá que ser entregada el 25-S.
El victimismo de los independentistas no se ha hecho esperar. Artur Mas ha llegado a asegurar que la fianza de 5,12 millones que pedirá el Tribunal de Cuentas a once ex altos cargos del Govern por el gasto público destinado a la consulta del 9N les deja «simplemente sin ahorros y sin nada». No obstante, está imputado junto con otros ex altos cargos por el 9-N en el Supremo.
En declaraciones a Rac1, Mas ha dicho que la citación del tribunal para el 25 de septiembre es «una amenaza» y que el objetivo de esta fianza es «asustar a todo el mundo en este momento», pero ha asegurado que «tendrá una respuesta positiva y contundente por parte de las instituciones y el pueblo catalán».
La también citada ex consejera Joana Ortega ha afirmado estar «cabreada» pero «no sorprendida» por la resolución del tribunal, que «ha tenido una celeridad excepcional» porque «había prisa para tenerla antes del 1 de octubre», y ha añadido que «el 9N se hicieron bien las cosas».