El ex presidente catalán, Artur Mas, ordenó diez operaciones de pago de dinero público con cargo a las arcas de la Generalitat para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, según concluye el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.
Tal y como ha publicado EL MUNDO, el fiscal Miguel Ángel Torres certifica que Mas autorizó el uso de 4,99 millones de dinero público a través de distintas partidas «sin cobertura legal» y verifica que la primera factura de la campaña de publicidad institucional para la consulta fue pagada directamente por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
«El señor Mas Gavarró es la autoridad que aprueba todos los gastos inherentes a la consulta y determina su imputación presupuestaria», por lo que tiene «responsabilidad directa en la totalidad de los daños y perjuicios», afirma el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que también culpa a colaboradores encabezados por los ex consellersFrancesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Pide que el embargo preventivo de sus propiedades se convierta en definitivo y que devuelvan todos ellos un total de 5,27 millones por su responsabilidad contable. De esta cifra, 2,9 millones fueron depositados como fianza por la Asamblea Nacional Catalana y el resto corresponde a bienes inmuebles embargados, particularmente los de Mas, valorados en 1,25 millones. El Tribunal de Cuentas tendrá la última palabra tras el escrito del fiscal, fechado el pasado 27 de abril.
Pese a estas evidencias, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que la Generalitat no ha gastado, hasta ahora, recursos públicos para organizar el referéndum del 1-0, según lo certifican cada semana las comunicaciones que recibe del Govern, pero ha advertido de que, si lo hacen, se suspenderá el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Montoro ha dejado claro que «no habrá referéndum porque no hay presupuesto» y ha valorado que los funcionarios «están cumpliendo la legalidad» al emitir las certificaciones semanales sobre los gastos realizados, que garantizan que no hay ninguna partida destinada al desafío soberanista.
En varias ocasiones en el transcurso de la comparecencia, Montoro se ha preguntado: «¿Cómo se puede lanzar la idea de referéndum sin presupuesto?», y ha asegurado que el Gobierno estará «muy pendiente» de que no exista ninguna movilización presupuestaria para este fin.
Montoro ha sido tajante al advertir de que el Gobierno «no dudará en aplicar todos los elementos» a su alcance para que el presupuesto público no se destine a usos ilegales.
El titular de Hacienda también ha comentado que «las políticas secesionistas» están amenazando la recuperación económica en Cataluña y en el resto de España. Y ha recordado que, desde hace dos años, las actitudes políticas de la Generalitat encendieron «muchas luces rojas» en materia económica y ya entonces «hubo que tomar medidas».
Para Montoro, que las agencias bajaran la calificación de la deuda en Cataluña a bono basura cuando es la comunidad que más aporta al PIB, menos paro tiene y mejor situación económica «no se explica si no es por la situación interna».
Mientras, en sus intervenciones ante la Comisión de Hacienda, los partidos solicitantes de la comparecencia extraordinaria (Grupo Mixto, ERC y Unidos Podemos) han acusado al Gobierno de querer crear en Cataluña un escenario de «excepcionalidad» y «guerra» al amenazar con la suspensión de ayudas como el FLA.
No obstante, y pese a insistir en que el referéndum se celebrará, los solicitantes de la comparecencia han recordado al Gobierno que todavía hay tiempo para el diálogo, sentarse a negociar y dejar al lado la política del miedo.
