Cerca de 75 asesinatos de ETA sin resolver prescribirán el 1 de enero

Cerca de 75 atentados de ETA quedarán impunes si no media antes una actuación urgente de la Fiscalía. Se trata de todos los asesinatos de la banda terrorista sin resolver y sin que se haya realizado una investigación antes de 2017.
Pese a los intentos de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que reenvió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un listado de atentados atribuidos a ETA, aún no se han judicializado en este tribunal 75 casos debido a la falta de pistas o pruebas que no hallaron ni Policía Nacional ni Guardia Civil.
La Fundación Víctimas del Terrorismo exigió en 2011 que se volvieran a realizar pesquisas e investigaciones ya que corren el riesgo de prescribir. La ley estipula un máximo de 20 años, a partir de entonces, el delito o delitos de asesinato pese a cometerse quedará totalmente impunes.
En este listado están se encuentran, entre otros, el asesinato del guardia civil jubilado Juvenal Villafañe García, Juan Manuel Martínez Gil, José Manuel Fernández Lozano, Manuel Echevarría Echevarría, Francisco Carballar Muñoz y el de Irene Villa y su madre, María Jesús González Gutiérrez.
Todos estos casos han puesto en evidencia la actuación de la Fiscalía en esta materia. La primera denuncia y aviso sobre la prescripción de delitos llegó en 2011, cuando el entonces fiscal general Javier Zaragoza afirmaba que trataría de encontrar a los culpables para tranquilizar a las víctimas. No obstante, no convirtió sus palabras en hechos.
Según publica El Confidencial, la Fiscalía apenas ha actuado en estos casos, un hecho que dejará sin castigo a los autores de los atentados cometidos entre 1986 y 1996. De los que 75 actos terroristas quedarán sin esclarecerse si no se abren antes del 1 de enero de 2017. La mayoría de ellos fueron cerrados por falta de pruebas poco después de cometerse los atentados.
Entre estos brutales asesinatos se encuentra el paquete bomba remitido a Luis Reina Mesonero, un pescadero de Bilbao, el 12 de septiembre de 1989. El paquete le estalló a pocos centímetros de su rostro y contenía 200 gramos de explosivo. Los daños materiales fueron cuantiosos. En ese momento, ETA aseguró que había sido el autor material del atentado, pero que se trató de una «equivocación» porque la víctima tenía el mismo nombre que un Policía Nacional. El caso fue archivado en 1990 al no encontrarse prueba alguna sobre el autor o autores materiales. La Fiscalía no ha realizado ni una sola diligencia más para evitar el archivo de este caso.
Dignidad y Justicia ha preguntado tanto al Ministerio de Justicia como al Portal de Transparencia información oficial sobre el número de casos que la Fiscalía ha dejado prescribir «por falta de impulso procesal» desde 2011. Asimismo, también han preguntado sobre el número de procedimientos por escrito que ha llevado a cabo la Fiscalía en el último año para activar investigaciones sobre los asesinatos.
La Fiscalía tendría un total de 75 casos que ya han prescrito o están en riesgo de hacerlo. Una de las estimaciones de estas asociaciones de víctimas del terrorismo apuntan que ya serían 50 los casos de asesinatos de ETA que quedarán sin culpables.
El asesinato del guardia civil jubilado Juvenal Villafañe García el 16 de septiembre de 1993 quedará ya impune. Su caso fue archivado definitivamente el 13 de abril del año pasado porque había prescrito.
También ha quedado impune el asesinato de dos guardias civiles a tiros en el aparcamiento de un supermercado de Oiartzun (Guipúzcoa) el 17 de agosto de 1992. Juan Manuel Martínez Gil y José Manuel Fernández Lozano, de 25 y 23 años respectivamente. El 25 de noviembre de 2013 decretó la prescripción del asunto sobre el etarra Juan Antonio Olarra Guridi, principal sospechoso de los dos asesinatos.
Manuel Echevarría Echevarría, un vendedor ambulante de 44 años, fue asesinado el 21 de marzo de 1991 por la explosión de una bomba adosada en su furgoneta. Este casó se cerró tan solo un mes después de cometerse.
También se encuentra en este listado Irene Villa, quien sufrió un brutal atentado el 17 de octubre de 1991. Ella y su madre no tendrán justicia ya que su caso fue archivado en noviembre de ese mismo año.