El autoproclamado ministro en Bruselas, Raül Romeva, dedica más de 35 millones anuales a las «embajadas independentistas» que dan trabajo a casi 80 personas, 54 de alto rango.
La labor de estas embajadas es «defender los intereses de la Generalitat», es decir, desprestigiar España. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont destina 2,3 millones cada año a Diplocat, entidad confeccionada para promover contactos de alto nivel en el exterior.
Existen nueve embajadas en activo: Unión Europea, Francia, Reino Unido e Irlanda -una para ambos países-, Alemania, una para EEUU, México y Canadá, Austria, Italia, Portugal y Dinamarca, según la web de la Generalitat
Pero se olvidan de que el Govern anunció la creación de tres «embajadas» más en 2016: Polonia, Croacia y Suiza. Suman un total de 12 y, según los presupuestos del pasado año, la intención pasa por ampliarlas hasta 15 con inauguraciones en Marruecos, Argentina y Corea del Sur.
El presidente del PPC, Xavier García Albiol, considera que antes de convocar elecciones autonómicas tras la aplicación del 155, también es importante impedir que la Generalitat «tire el dinero en embajadas en el extranjero para vender la imagen de Cataluña independiente y destine millones de euros a entidades» que se dedican a promover el independentismo, así como «recuperar la confianza de las empresas que se están marchando de Cataluña».
«Ahora tendremos un gobierno técnico de transición, que lo que hará es gestionar esta situación de anormalidad institucional y política», ha añadido García Albiol, que está convencido de que «a corto plazo» habrá «momentos de intensidad de agitación en la calle» que remitirán conforme pasen los meses y proveedoras y empresas vean que hay un ejecutivo «que hace las cosas en serio».
Albiol ha apuntado además que habrá que ver la reacción de todos los cargos de confianza que no son consellers, «porque la dignidad es una cosa pero cobrar la nómina a final de vez es otra».
El líder del PPC ha defendido que su partido está «haciendo lo que necesita Cataluña y España», pese a las «presiones, amenazas e insultos» que prevé que sus cargos públicos recibirán.