El 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional sentenció que no era legal cobrar un impuesto por una plusvalía cuando en realidad se había producido una minusvalía. Un años después, mientras que miles de personas esperan su devolución, sus señorías, que cuenta con sueldos privilegiados, aún debaten como hacerlo y quiere que sólo cobren los afectados desde junio de 2017.
El Pleno del Congreso ha avalado hoy, más de un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional, la tramitación de una Proposición de Ley del PP en la que se pide la exención del impuesto de plusvalías cuando se acredite que no hubo ganancias en la compra de un inmueble o terreno, y para la que los populares han pedido el respaldo de todos los grupos políticos.
En el debate de la toma en consideración de la iniciativa, que supondrá la modificación de la ley Reguladora de Haciendas Locales, la diputada popular Ana Madrazo ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los partidos para aprobar esta exención que se adapta a una sentencia del Tribunal Constitucional y tendría efectos retroactivos desde junio de 2017, momento de su publicación. Es decir, que todos a los que se le cobró de forma ilegal esa plusvalía por una minusvalía no tendrán derecho a esa devolución.
En la sentencia de 11 de mayo de 2017, el Constitucional considera que el impuesto de las plusvalías vulnera el principio de capacidad económica, «en la medida en que no se vincula a la existencia de un incremento real del valor del bien».
Madrazo ha subrayado que la reforma del impuesto de plusvalías va en beneficio de «todos los españoles» y cuenta con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Todos los partidos, excepto Ciudadanos, se muestran partidarios que sólo se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional desde junio de 2017 por lo que quedarían fuera miles de afectados
En el debate tanto la socialista Susana Sumelzo como el diputado de PDeCAT Ferran Bel, que han anunciado el voto a favor, han pedido un fondo específico de compensación para resarcir a los ayuntamientos por la merma de ingresos.
No obstante y pese al voto a favor, Bel ha lamentado que la sentencia sea de hace más de un año y en ese tiempo el Gobierno no haya hecho nada por lo que ha insistido en que se agilicen los trámites para dar «seguridad jurídica» a las administraciones locales.
Por parte de Compromis, el diputado Joan Baldoví ha coincidido en que la regulación «llega tarde» y si bien se ha mostrado a favor, en líneas generales, ha avanzado que su partido introducirá enmiendas.
Sobre este carácter retroactivo se ha expresado el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre quien ha anunciado el voto en contra de su grupo.
De la Torre ha lamentado que el carácter retroactivo se limite a junio de 2017 y ha pedido que se extienda a los últimos cuatro años «porque de no ser así quedan tirados miles de contribuyentes y eso es inaceptable»..
