La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar en 2016 el déficit público del 3,6% de PIB propuesto por el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad.
Según la evaluación de este programa publicada hoy por la AIReF, a los 2.000 millones de ajuste presupuestario del Estado anunciados por el Gobierno, se tendrán que sumar otros 2.000 millones de ajuste que entiende que se realizarán fundamentalmente en las comunidades autónomas.
Según la AIReF, hay ocho comunidades que no necesitarían ajustes adicionales si cumplen rigurosamente con sus presupuestos vigentes y que son Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Las nueve restantes (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) sí tendrían que hacer ajustes adicionales mediante acuerdos de no disponibilidad que la AIReF cifra en 1.444 millones en total.
Para ello propone que sean estas nueve comunidades las que realicen el ajuste presupuestario mediante acuerdos de no disponibilidad (como el anunciado para el Estado) por un importe conjunto de 1.443 millones, si bien algunas tendrían un objetivo de déficit para 2016 superior al 0,7% del PIB, de acuerdo con la recomendación de la AIReF de establecer metas diferenciadas.
En su informe, la Autoridad Fiscal considera que el crecimiento económico previsto del 2,7% es probable que se cumpla y compatible con un objetivo de déficit del 3,6 % del PIB, aunque cree que el Gobierno debería concretar, en aras de una mayor credibilidad, los detalles del anunciado acuerdo de no disponibilidad de créditos por parte del Estado por importe de 2.000 millones.
En términos generales, la AIReF avala el cuadro económico para el periodo 2016-2019, aunque considera que a partir de 2017 la senda de gasto público parece demasiado restrictiva, lo que le lleva a recomendar que se revise ligeramente a la baja el crecimiento del PIB en 2018 y 2019.
Asimismo, señala que la reducción sostenida del déficit público en los próximos dos años «requiere de la adopción de medidas con una vocación de permanencia que no se garantiza con la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de vigencia anual».
«Será necesario que un nuevo Gobierno, ya no en funciones, elabore una nueva actualización del Programa de Estabilidad con un horizonte de medio plazo, donde se visualice un compromiso creíble con el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las cuentas públicas«, añade el informe de la AIReF.
En este sentido, demanda que se aplique correctamente la regla de gasto establecida en la ley de estabilidad presupuestaria, de forma que se calcule sin tener en cuenta la desviación de gasto producida en el ejercicio precedente.