El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy una declaración, con el voto contrario del PP y la abstención de Ciudadanos, en la que expresa su «preocupación por las medidas cautelares y la falta de garantía de derechos fundamentales a raíz del caso de los titiriteros» detenidos en Madrid.
En el marco de la comisión municipal de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad, el consistorio ha aprobado una proposición con contenido de declaración institucional presentada por el Gobierno presidido por Ada Colau.
La declaración recuerda los hechos sucedidos el pasado 6 de febrero en un acto festivo de Carnaval, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, en el que dos titiriteros del grupo Títeres Desde Abajo fueron detenidos y encarcelados acusados de hacer enaltecimiento del terrorismo durante la función infantil.
La declaración, aprobada por los votos a favor de BComú, CiU, ERC, PSC y CUP, expresa la preocupación por la prisión provisional sin fianza adoptada, y por las posteriores medidas cautelares restrictivas de la libertad, por considerarlas «ambas innecesarias y desproporcionadas en este caso».
También expresa «la preocupación por la toma de posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un asunto de claro trasfondo político» y reclama a los poderes públicos «que garanticen los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y creación artística, garantía para una sociedad justa y democrática».
El texto de la declaración argumenta que se trata de una obra teatral que propone una crítica social desde la sátira y que en ningún caso la obra contenía proclamas o gritos en favor de ETA, sino que denunciaba precisamente «la utilización que se ha hecho en algunos momentos de la historia del terrorismo y sus víctimas con el propósito de atacar la diversidad política y criminalizar determinados movimientos sociales».
La declaración, que considera que la obra teatral ‘La bruja y Don Cristóbal’ no era apropiada para un público infantil, hace hincapié en que «en una sociedad democrática no se deben criminalizar las obras de ficción, ya sean teatrales, literarias o cinematográficas».
También considera que la intervención del juez «supone un ataque contra la libertad de expresión» y que la medida de prisión sin fianza «es absolutamente desproporcionada».
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