Una treintena de familias del colegio Josep Guinovart en el Ayuntamiento de Castelldefels han reclamado una escuela bilingüe para sus hijos en la que se imparta el castellano.
«Es la primera vez que un gobierno, en este caso local, se posiciona tan explícitamente contra las familias que reclaman esta opción para sus hijos. Siempre hemos denunciado que el conflicto lingüístico está politizado. Ésta es una prueba fehaciente de que es así», denuncia en declaraciones a ABC Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha amparado y asesorado a estos padres en su proceso reivindicativo.
En el escrito, consultado por ABC, el Ayuntamiento, a través de su revista, defiende abiertamente el actual modelo de inmersión educativa y «se pone al lado de las familias del colegio afectadas por la rotura del proyecto inclusivo en catalán» y precisa que «lo que está diciendo implicitamente es que no apoya a los otros padres que, amparados por la ley y la Constitución, han pedido más castellano para sus hijos».
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha mostrado su apoyo a una treintena de familias del colegio Josep Guinovart de Castelldefels que aseguran sentirse «presionadas» tras haber conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les dé la razón en su petición de que haya un aumento del número de horas lectivas en castellano.
Según la AEB, las familias han sufrido «continuas e inaceptables presiones por parte de la dirección del centro, del Ayuntamiento de Castelldefels, del sindicato Ustec y de la entidad Somescola».
La escuela Josep Guinovart de Castelldefels tendrá que dar el 25% de las clases en castellano en al menos la mitad de las aulas
Así lo ha decidido un juez, que da la razón a un grupo de familias que reclamaron la escolarización de sus hijos en lengua castellana, según fuentes de la Asamblea para una Escuela Bilingüe, la entidad que ha asesorado a las familias en su reclamación. Los alumnos afectados por la medida podrían acabar siendo más, ya que todavía hay algunas denuncias a la espera de decisión judicial. El Departament d’Ensenyament ha declinado hacer declaraciones en torno a esta nueva polémica.
Otro grupo de padres les respondió que la escuela ya estaba haciendo un esfuerzo para incrementar la presencia del inglés en las aulas, a la vez que defendían el modelo del centro, con el catalán como lengua vehicular, e invitaba a la comunidad educativa a «no romper» el buen funcionamiento del centro y de su proyecto educativo. Los padres que reclamaban la escolarización en castellano han acabado llevando el caso ante los tribunales, que ahora les han dado la razón.
