Báñez entrega 2,2 millones a las patronales catalanas

El Gobierno de Mariano Rajoy, que también preside en Cataluña, ha repartido un total de 2,2 millones de euros entre las patronales catalanas. El criterio escogido es la representatividad, pese a los litigios desatados por este motivo en los tribunales.
Los beneficiarios de estas subvenciones son Fomento del Trabajo, Pimec y Fepime, que mantienen un litigio con la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia en los tribunales. Esta guerra se recrudeció cuando los independentistas Felip Puig (ex de CiU) y Dolors Bassa (ERC) controlaban la Consejería.
La ministra de Empleo y Seguridad Social ha estampado la firma en estos nuevos convenios, como consejera en funciones hasta que se constituya un nuevo Gobierno autonómico. En los documentos, fechados en diciembre, se hace referencia a las exigencias de la patronal realizadas el pasado verano a la Generalitat. Todas las referencias se hacen dentro del marco del “programa de ayudas a la participación institucional de los agentes sociales en Cataluña para 2017”.
Las cantidades apenas han variado respecto a las otorgadas en años anteriores, y es proporcional a la representatividad de cada patronal. De esta forma, Fomento del Trabajo y Pimec han obtenido el grueso de las subvenciones, con unos 920.000 cada una de ellas. Fepime, por su parte, solo ha recibido 360.000 euros, según recoge Crónica Global.
Las patronales y la Consejería mantienen desde hace años un enfrentamiento en los tribunales por esta cuestión. La mayor parte de los litigios han tenido lugar cuando los responsables políticos de este ámbito han sido Felipe Puig (CDC) y Dolors Bassa (ERC).
El conflicto judicial lo inició Fepime, una patronal adscrita a Fomento del Trabajo. Exigía su reconocimiento para ejercer como un agente social y por tanto tener acceso a las subvenciones. Fue en 2007 cuando Eusebi Cima, ex presidente de esta pequeña patronal, lo pidió. En abril de 2008, la Generalitat denegó la petición, y la patronal recurrió la postura al Gobierno autonómico, quien guardó el silencio institucional. A partir de ahí, se abrió la vía judicial.
En mayo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la representatividad de Fepime con el argumento del silencio administrativo. La Generalitat recurrió la decisión, pero el Supremo avaló la sentencia en 2012. La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, exigió anular esta representatividad. La Generalitat entonces dio el visto bueno y estimo el recurso en 2015, con la Consejería ya en manos de ERC.
Fepime abrió de nuevo la causa en el TSJC, que dio la razón en parte a esta patronal el pasado 16 de noviembre, convirtiendo a Fepime en una patronal con derecho a participar de los fondos públicos, eso sí otorgaba ahora a la Generalitat la potestad para medir la representatividad de estas sociedades.
Hasta ahora, las patronales recibían el 33% del total de la designación presupuestaria, pero este reparto fue anulado por el TSJC. De esta forma, se volvía de nuevo a la representatividad otorgada a Fomento, con el 75%, y Pimec, el 25%. Posteriormente, Fepime tendría el 15%, pero la Generalitat ahora controlada desde Moncloa no ha seguido este procedimiento, repartiendo entre Fomento y Pimec el grueso, dejando el resto en manos de Fepime.