BBVA pagará al menos 20 millones de euros por un caso de fraude en el IVA. En un principio el juez exigía el pago de 61,77 millones por el fraude a Hacienda del Estado y a la Diputación Foral de Vizcaya, que no se ha personado en el caso.
La entidad presidida por Francisco González abonará la cantidad pactada por la Fiscalía, tan solo un tercio del fraude detectado, por responsabilidad civil de su filial BBVA Trade. El caso se remonta a 2006, donde esta filial realizó el llamado fraude carrusel del IVA, consistente en aprovecharse de las lagunas existentes en la tributación por IVA de las operaciones intracomunitarias debido a la falta de homogeneización de esta figura impositiva entre los países miembros de la UE, donde cada país aplica el tipo IVA según le convenga. De esta forma, los países importadores netos, como España, ven reducida su recaudación.
El caso juzgado en la Audiencia Nacional pone en el punto de mira a la compañía Asia Chip y la investigación se inició en 2006. BBVA Trade alega su disposición a pagar la cantidad defraudada tras el pacto de los acusados con la Fiscalía. La entidad financiera ha asegurado que este pago es «consecuencia de una actuación irregular de algunos exempleados a los que el banco es ajeno», según publica El Confidencial.
El fraude del carrusel del IVA se extendió durante la época dorada del ladrillo. La operación realizada consistía en importar mercancía sin abonar el respectivo IVA ya que este tributo está exento, para después vender ese mismo producto a una empresa española, que sí paga el IVA. Por lo que la primera debía ingresar el IVA a Hacienda, pero antes se disuelve la sociedad para evitar pagarlo.
El impuesto está pagado, pero nunca llega a las arcas del Estado. Si además la empresa compradora exporta el producto a otro país y pide la devolución del IVA a Hacienda, el fraude es doble para las arcas públicas.
Asia Chip fue cazada realizando este tipo de práctica ilegal. Se utilizó una red de hasta 37 empresas para evitar el pago del IVA, pero ninguno de los administradores de estas empresas fue localizado ya que eran falsos testaferros, personas sin apenas dinero y con fuertes problemas económicos a los que se les paga una pequeña parte para que pongan la firma en los documentos societarios.
«Las sociedades importadoras fueron todas ellas sociedades truchas inexistentes o casi opacas para la Hacienda pública, con una intensa y discontinua actividad de compras por millones de euros, sin infraestructura ni recursos. Su vida comercial era muy corta hasta que eran reemplazadas por sociedades similares. La mayoría de sus administradores eran de nacionalidades extranjeras y no fueron nunca localizados por el juzgado», ha indicado la Audiencia Nacional en un auto. En este caso, BBVA Trade formaba parte del negocio.
«El fraude investigado urdió una ficción continuada en los ejercicios 2002 a 2004 respecto a las operaciones comerciales de importación y exportación entre España y EEUU de componentes informáticos. Las maniobras de engaño y ocultación desplegadas tuvieron como único objetivo obtener por parte de unas sociedades exportadoras a EEUU devoluciones de IVA de la Hacienda pública», señaló el juez de la Mata en el auto de procesamiento.
La red puso en marcha «todo un esquema de ficción de las empresas instrumentales de su cadena de aprovisionamiento, que se fueron repercutiendo fase a fase las cuotas de IVA devengadas sin realizar desde el inicio ningún ingreso en la Hacienda pública», apropiándose de fondos públicos en cuantías millonarias. En concreto cifró en 61,77 millones el fraude tanto a la Agencia Tributaria como a la Diputación Foral de Vizcaya, que no reclamó ningún daño a la filial de BBVA.
Durante el juicio, que lleva semanas celebrándose en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, los trabajadores de BBVA han sido despedidos y han aceptado los cargos previo pacto con la acusación. No obstante, será BBVA quien pague las cuantiosas multas.