El responsable de análisis del BBVA, Rafael Doménech, ha abogado por mantener la actual reforma de las pensiones que traerá consigo la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Hasta ahora, los jubilados perciben el 70% de su último salario, pero con la reforma, este porcentaje caerá drásticamente para posteriores generaciones.
A juicio de Doménech, el actual sistema de pensiones necesita «ajustes», junto con un debate «riguroso», pero no cree que la solución pase por derogar las reformas de 2011 y 2013, realizadas por PSOE y PP, ya que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y, con ello, «la suficiencia de las pensiones futuras».
Según publica en un artículo de opinión, Doménech ha puesto en valor «las ventajas del sistema de reparto existente, su situación actual y las previsiones sobre el futuro». Asimismo, ha asegurado que en España se están pagando unas «pensiones superiores a lo cotizado». Y es que, el actual sistema fija un límite mínimo en la cuantía, complementando la diferencia a quienes cobren menos. Los últimos datos arrojan, no obstante, cifras escalofriantes, como que el 48% de los jubilados cobra menos que el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, menos de 750 euros al mes.
Los pensionistas han tomado las calles desde hace semanas para exigir pensiones dignas, tal y como marca la Constitución
Ante esta situación, los pensionistas han tomado las calles desde hace semanas para exigir pensiones dignas, tal y como marca la Constitución, ya que numerosos pensionistas se sitúan en los umbrales de pobreza en España, mientras que la revalorización de las pensiones es de tan solo el 0,25% desde 2012, mientras que la inflación se encuentra ya por encima del 1%, perdiendo así poder adquisitivo.
Según Domenech, «la generosidad relativa del sistema de pensiones español es superior a la de la mayoría de los países de la UE», pues -explica- «el sistema proporciona pensiones superiores a lo cotizado». Según los datos del OCDE, «la pensión inicial media representa en España el 72,3% del último salario frente al 45,9% de la UE», mientras que -citando a la Comisión Europea-, «la pensión de jubilación media sobre el salario medio de España (65,4%) era en 2013 la segunda más alta de la UE, después de Chipre y por encima de la media europea (45,5%)».
«Los retos son incluso mayores que los de la situación actual. El número de pensiones aumentará gradualmente desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo», ha apuntado. Sin cambios en el sistema, este incremento sólo podría ser compensado con un aumento de los afiliados desde los 18,4 millones actuales a algo más de 27 millones«, apunta.
«Todo el empleo que falte hasta llegar a esa cifra plantea el dilema de cómo repartir los costes del ajuste», indica, para sostener que un «un sistema sin cambios o, incluso peor, revertir las reformas de 2011 y 2013 supondría una mayor redistribución que la actualmente existente, con enormes costes impositivos para las generaciones futuras, a las que se les traspasaría todo el riesgo demográfico y de longevidad, con efectos negativos sobre el empleo y la productividad».
«Aumentar el empleo, la productividad y con ello los salarios es una condición necesaria»
Cuando el debate de las pensiones está al rojo vivo en España, el responsable de análisis del BBVA cree que «aumentar el empleo, la productividad y con ello los salarios es una condición necesaria para que los cambios supongan una carga menor para el conjunto de la sociedad». También considera que «es preciso introducir gradualmente cuentas individuales (nocionales) de reparto, como en Suecia y otros países europeos. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, con mayor contributividad y transparencia. Con un diseño adecuado, se corrige el déficit de las nuevas pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida y la evolución prevista de ingresos y gastos».
Según Domenech, «al reequilibrar el sistema se garantiza que las pensiones puedan mantener su poder adquisitivo durante toda la vida de los pensionistas», para concluir que «es necesario mejorar y blindar la pensión mínima a la inflación, con cargo a impuestos generales y con transparencia del complemento recibido».
