Los bancos tendrán que pedir dos certificados, uno para que se detalle el tipo de gasto por parte de la Generalitat y otro que rellenarán los proveedores, garantizando que el dinero no se destina a actividades ilegales.
Esta medida forma parte de la intervención financiera del Ministerio de Hacienda sobre la Generalitat, donde la banca juega un papel crucial para controlar el dinero que sale de las arcas públicas catalanas y evitar así que se esté financiando el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre.
Montoro ha hecho llegar a los bancos los dos modelos de certificados que deben exigir para poder mover dinero de las cuentas de las que es titular la Generalitat catalana. Los documentos llegarán tanto a la Generalitat como al proveedor, para poder cotejar las partidas. Asimismo, uno de los certificados debe estar cumplimentado por la Intervención General de Cataluña y validado por el Ministerio de Hacienda, en el que la Generalitat detalle qué tipo de pago básico quiere realizar, y otro destinado a proveedores, que tiene que ir acompañado de una declaración responsable de los mismos, garantizando que el dinero no se destina a actividades ilegales, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado.
Estos certificados acompañan a la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017. El ministro Cristóbal Montoro la rubricó este miércoles y da potestad al Gobierno para asumir todo el control presupuestario de Cataluña, tras expirar el ultimátum de 48 horas dado al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, para que la Generalitat aprobara un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria.
Con la orden, se declara esa no disponibilidad de crédito en todas las aplicaciones presupuestarias correspondientes al sector público administrativo que no afecte a servicios fundamentales.
El mandato afecta al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto y conllevará la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen su cumplimiento.
La no disponibilidad alcanza asimismo a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la comunidad autónoma o de otras entidades del sector público administrativo.
De manera excepcional, Montoro, a solicitud del interventor general de la comunidad autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del acuerdo de no disponibilidad y permitir contraer nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de «urgente y extraordinaria necesidad».
